CCOO de Sevilla ha mostrado este lunes su oposición a la propuesta del alcalde hispalense, el popular José Luis Sanz, de cerrar el recinto de la monumental plaza de España, legado de la exposición iberoamericana de 1929 y declarada bien de interés cultural (BIC), para cobrar por la visita a los turistas pero no a quienes acrediten estar empadronados en la ciudad o haber nacido en el conjunto de la provincia.

El secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu, ha subrayado que "la capital merece que el alcalde lidere un diálogo sobre el modelo turístico de la capital con luces largas, altura de miras, pensando en lo mejor para la ciudadanía y donde participen los grupos municipales, sindicatos, empresarios, entidades vecinales o consumidores; para un modelo turístico de consenso que genere beneficios" para el conjunto de la sociedad.

Aristu ha señalado al respecto que "la propuesta de Sanz está hecha de espaldas a la ciudadanía, privatizando un espacio público que se concibió como un abrazo al mundo". Para el secretario general de CCOO de Sevilla, sería mucho más lógico que "si Sanz quiere que los turistas contribuyan a la conservación de la Plaza de España optáramos por poner en marcha una tasa turística" similar a la que ya funciona en otras ciudades europeas.

Esta tasa turística, según Aristu, "no desincentivaría el turismo en Sevilla y serviría, además de para invertir en conservación del patrimonio en formación para los trabajadores y trabajadoras del sector, o en inversión en servicios públicos como la limpieza, el transporte o la gestión de residuos, que son mejorables en muchos barrios de nuestra ciudad"."Si los turistas utilizan y se benefician de servicios públicos como la limpieza, el transporte público, la seguridad, el mantenimiento o la recogida de residuos parece lógico que también contribuyan con su financiación ayudando a sostenerlos", ha subrayado Aristu.

El Ayuntamiento, titular del espacio de la plaza comprendido entre los bancos de las provincias y la balaustrada, planea proponer al Estado un convenio para cerrar por completo este recinto monumental y cobrar a los turistas una entrada de la que estarían exentos los empadronados en Sevilla y los nacidos en la capital y en la provincia estarían.

Los ingresos de taquilla, según la idea del Gobierno local del PP, se repartirían con un 75 por ciento para las arcas municipales y un 25 por ciento para el Estado, propietario de la galería y del edificio, garantizando según asegura el Ayuntamiento el libre acceso ciudadano a las dependencias estatales del complejo, que alberga las sedes de la Delegación del Gobierno en Andalucía, de la Subdelegación, de los servicios de Extranjería, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) o del Cuartel General Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra.