El Decreto-Ley de apoyo al sector ante la alarmante situación de sequía no calma las demandas de los regantes, que insisten en reclamar la doble potencia eléctrica, que se les permita aplicar un IVA reducido del 10% para el suministro de energía al campo y la rebaja hasta los 0,30 euros del agua de las desaladoras.

Es un momento crítico para el sector agroalimentario, protagonista de una gran movilización en Madrid mientras asiste a la parálisis de sectores como el lácteo o el de la aceituna a causa de los paros de los transportistas y espera con incertidumbre las consecuencias de la invasión de Ucrania por Rusia.

Ante este panorama, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) urge medidas concretas, como las antes señaladas y además insta a agilizar la autorización para poder legalizar pozos de sequía y pequeñas balsas, lo que a su juicio también contribuiría al suministro para los animales.

Fenacore considera que las ayudas aprobadas por valor de 450 millones de euros son necesarias, pero insuficientes y pide complementarlas con una rebaja de 0,30 euros del precio para el uso de agua en las desaladoras de titularidad pública, que el Real Decreto-Ley ha fijado en los 0,45 euros por metro cúbico en toma de riego.

Dos potencias eléctricas al año

La Federación valora la reducción de entre el 50 % y el 100% de las cuotas del canon de regulación y las tarifas de utilización del agua, que serán de aplicación a las unidades territoriales de escasez (UTES) de las cuencas hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana. Pero a la hora de abaratar la factura de los regantes, fundamental para producir más alimentos usando menos agua, Fenacore remarca la importancia de contratar dos potencias eléctricas al año, ya recogida en la Ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que los regantes aún no disfrutan, de lo que culpan “a la inacción del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco)”.

En esta línea, Fenacore reitera la conveniencia de aplicar un IVA reducido del 10% para el suministro de energía al regadío, tal y como soportan los suministros domésticos, por lo que propone ampliar las medidas fiscales recogidas en el Real Decreto-ley, como la reducción en 2021 del rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva en el IRPF para las actividades agrícolas y ganaderas y del IVA o la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica.

También Fenacore ve excesivos los caudales ecológicos, “no rigurosamente calculados en los planes hidrológicos de las cuencas hidrográficas, así como la potencial sequía artificialmente provocada por la casi ausencia de nuevas obras de regulación”, principales reivindicaciones que los regantes llevaron a la manifestación del pasado domingo en Madrid. Fenacore proponen trasladar a la consideración de la Dirección General del Agua que la reducción de los caudales ecológicos frente a periodos de sequía podría más que duplicar la dotación de agua disponible en muchas zonas regables, lo que resultaría fundamental para la supervivencia de algunas cosechas.

Considera que la sostenibilidad ambiental debe ir acompañada de la sostenibilidad económica y social, “por lo que cada Plan Hidrológico tendría que analizar de manera completa y rigurosa los efectos de los caudales ecológicos sobre la disminución de las producciones de los cultivos y las consecuencias sobre todo el complejo agroalimentario asociado”.

Por ello recomienda “actuar con prudencia y riguroso conocimiento de las consecuencias en el establecimiento de estos caudales ecológicos, sobre todo en periodos de sequía como el actual”.La organización propone que se realice un estudio previo de los beneficios para la biodiversidad la aplicación de los caudales ecológicos y un examen jurídico de lo que supondría para las concesiones vigentes. Remarca que su implantación requiere análisis hidrológicos y económicos previos, “puesto que no es gratuita: tienen costes sociales y económicos que la sociedad debe conocer con transparencia”.

Inversión en obras de regulación

La inversión en obras de regulación es una demanda recurrente de los regantes, que recuerdan la escasez de fondos asignados a este apartado “que agravará la amenaza que suponen las sequías para España, así como los graves perjuicios de las inundaciones”.

A la hora de regular las cuencas, Fenacore respalda “la obligación de respetar el medio ambiente y de someter cualquier obra hidráulica a los pertinentes análisis ambientales, hidrológicos, sociales y económicos”. Sin embargo, la Federación defiende la regulación de las cuencas hidrográficas para mitigar los principales efectos negativos del cambio climático como son las inundaciones derivadas de las lluvias torrenciales, intercaladas con periodos más prolongados de sequías”.