Más de un centenar del barcos de pesca permanecen amarrados ya a puerto

Cerca de medio centenar de embarcaciones de cerco dedicadas a la captura de la sardina de Huelva que faenan en el Golfo de Cádiz a partir de hoy después que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Secretaría General de Pesca haya decretado el cierre de la pesquería, al "constatarse" que España y Portugal han consumido la cuota prevista por la regla de explotación para la totalidad de la reserva. Los cercos pasan así a engordar la flota pesquera de la provincia onubense que permanecerá a partir de ahora sin actividad y se suma al sector de la chirla que tampoco puede faenar desde hace más de un mes, porque el caladero está cerrado por la presencia de toxinas. En Huelva son ya más de 120 embarcaciones las que están amarradas a puerto a las que habrá que sumar los 110 barcos de arrastre que previsiblemente comenzarán la parada biológica el próximo mes de octubre. Los pescadores han recibido la noticia como una auténtica bomba y califican la situación de verdadero desastre económico.

La medida, según informó el ministerio, afecta a las zonas CIEM VIIIc (Cantábrico Noroeste, desde el País Vasco, en la desembocadura del Bidasoa, hasta Finisterre), y IXa, (parte española de Finisterre a frontera con Portugal, aguas de Portugal y el Golfo de Cádiz), y entra en vigor a partir de las 00:00 horas del 20 de septiembre.

El cierre se realiza de manera simultánea en los caladeros portugués y español y para los barcos de ambas banderas. Con este gesto, las administraciones española y lusa entienden que se hace innecesario someter esta especie a un TAC comunitario.

Ambas administraciones participaron conjuntamente en la elaboración de una regla de explotación, más favorable que la utilizada por ICES en sus recomendaciones (permitiría capturar un 20% más), sin por ello dejar de ser precautoria, como ha afirmado este organismo científico. Esta regla de explotación fue incorporada al plan de gestión de la sardina aprobado por el ministerio en agosto de este año.

El ministerio confía en que la gestión responsable de este recurso, que se encuentra en "un mal estado biológico", siente las bases para una recuperación de la especie que permitirá en un futuro próximo una mayor abundancia de cuota, con los beneficios para el sector que llevaría aparejada.

El departamento está cuantificando la incidencia del cierre y planteará a la UE la posibilidad de establecer medidas compensatorias para los buques y sus tripulaciones mediante su inclusión en los planes de gestión del Cantábrico noroeste y Golfo de Cádiz.

Ayuntamientos afectados, Junta de Andalucía y partidos políticos han rechazado la resolución que de forma unilaterla ha emitido la Dirección General de Ordenación Pesquera, como apuntan los equipos de Gobierno de Isla Cristina y Punta Umbría.

Representantes de ambos municipios, presididos por sus alcaldes, se reunieron ayer con los pescadores de forma urgente para analizar las consecuencias que esta resolución tendrá en el sector pesquero, las industrias auxiliares (fabricación de hielo, efectos navales, astilleros o empresas conserveras) y las lonjas de los municipios afectados.

Según declaró la alcaldesa de Isla Cristina, María Luisa Faneca "estamos ante un nuevo despropósito del Gobierno de la nación que tendrá unas consecuencias muy perjudiciales para la economía de los municipios del Golfo de Cádiz." Faneca insistió en que "en estos momentos tenemos que estar todos unidos y no podemos permitir que los barcos se queden amarrados y exigir una solución a este Gobierno."

El alcalde de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez Nevado, dijo que "no vamos a consentir que el Gobierno central hunda al sector pesquero de nuestro pueblo, que bastante ha pasado ya este año con la cuota del boquerón y las toxinas de la chirla". Así, subrayó que "no nos vamos a quedar de brazos cruzados ante lo que consideramos un despropósito y una injusticia, que nos condena al cierre".

Los responsables municipales considera que "esta medida es innecesaria" ya que como se ha reiterado en múltiples ocasiones, "ya en el año 2004 los barcos del Golfo de Cádiz aprueban un Plan de Gestión para la modalidad de cerco en el que se contempla no capturar más de 3.000 kilos de sardina y 3.000 kilos de boquerones por día y barco. Estas medidas se tomaron para la sostenibilidad de recursos y del caladero, por ello en este caladero la pesquería se mantiene constante."

Mientras,a la consejera de Agricultura y Pesca andaluza, Elena Víboras, ha pedido un plan alternativo que impida que los barcos tengan que permanecer amarrados a puerto, en una conversación mantenida con la ministra del ramo, Isabel García Tejerina, según informó la Junta.

El presidente del PP de Cádiz, Antonio Sanz, ha asegurado que "se van a estudiar mecanismos que, dentro de la normativa de la Unión Europea, permitan compensaciones económicas a aquel sector de la flota que tenga verdadera dependencia a la pesca de la sardina", porque "el Gobierno no va a dejar tirado a los pescadores".

La flota de cerco del Golfo de Cádiz está constituida por 87 buques, repartidos en los puertos gaditanos de Barbate y Bonanza y los onubenses de Isla Cristina y Punta Umbría. En ellos trabajan en torno a 910 tripulantes.