Dos armadores reclaman a Astilleros 67,6 millones por cancelación de contrato

La situación económica de Astilleros de Huelva (y su participada, Astilleros de Sevilla) se vuelve más difícil cada día que pasa. En sólo unos días, los armadores de dos de los tres buques que se construyen en la factoría hispalense (propiedad en un 80% de la naval onubense) han comunicado a la empresa su intención de rescindir el contrato de fabricación de los buques. La última ha sido la compañía Viking Line, cuyo barco del mismo nombre (de transporte de pasajeros) lleva paralizado varios meses, durante los que la empresa ha amenazado con la cancelación del contrato.

Ahora, la sociedad quiere hacer efectivo ese final del convenio por incumplimiento de sus cláusulas (tenía que esperar hasta febrero) y reclama a Astilleros de Sevilla el pago de 42,6 millones de euros, un montante en el que se incluyen intereses. Y que se suma a los 25 millones de euros que reivindica otro armador, el chipriota Shipping Limited, que el pasado viernes comunicó su intención de cancelar la fabricación de uno de los dos buques de apoyo a las plataformas petrolíferas (supplies) que se están construyendo en Sevilla. El otro quedaría por ahora fuera de esa amenaza, pero la situación no es más halagüeña en Huelva: uno de los barcos (el 827) está paralizado a pesar de restar muy poco para su finalización, mientras que los otros dos, también supplies, estaban sujetos a la negociación con su armador y otros empresarios tras surgir problemas de financiación.

De cumplirse las amenazas de cancelación, la naval incrementaría su deuda en 67,6 millones de euros, aumentando los 280 millones de euros de pasivo que acumulaba el grupo entre Huelva y Sevilla (según las cifras manejadas por la Junta el pasado año). No obstante, según fuentes del proceso, los armadores estarían dispuestos a negociar, por lo que estas comunicaciones se interpretan como una forma de hacer presión ante el retraso en la ejecución de las medidas planteadas para Astilleros. En este sentido, el consejero de Innovación, Martín Soler, consideraba ayer que "estamos a tiempo, si la empresa es capaz de ir a la velocidad que le estamos marcando, para poder salvar los contratos", algo para lo que la Administración autonómica se compromete a mediar con los armadores.

Después de semanas de debates y retrasos, el pasado fin de semana el consejo de administración de Astilleros de Huelva aprobaba el nombramiento de José Luis Álvarez (el hombre propuesto por la Junta de Andalucía) como apoderado de la empresa. Y ayer lo inscribía así ante notario, concediéndole un poder especial en ese acto que le permite "representar a la sociedad con plena responsabilidad en cualquier clase de contratos o actos" y "ejercitar y cumplir toda clase de derechos y obligaciones", entre otras muchas especificaciones.

Con este paso, Álvarez ya podrá empezar a ejercer efectivamente como apoderado (hasta ahora ha estado presente en algunas reuniones), aunque aún falta elevar a público la cesión del 52% de los derechos políticos que fue firmada por los accionistas de la compañía. Ésta es una de las cuestiones que se recogen en los 12 documentos jurídicos que la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) entregó a la naval el pasado miércoles con el objetivo de que fueran firmados por sus propietarios.

En estos documentos también se encontraba la fórmula para nombrar el apoderado o los modelos de actas de los consejos de administración. Una documentación extensa y compleja, por lo que, según fuentes de la compañía, por ahora sólo se ha dado el visto bueno al nombramiento del apoderado general y la convocatoria de la junta general de accionistas (16 de marzo) para nombrarlo administrador único. En el caso de Sevilla, se ha convocado el jueves el consejo de administración para nombrar a Ángel Díaz-Munío (también propuesto por la Junta) apoderado en la factoría hispalense.

Sin embargo, la Administración mira esta tramitación con cautela. Según fuentes de IDEA, en la mañana de ayer la Agencia recibió un escueto comunicado sobre el nombramiento del apoderado y las convocatorias en ambas factorías. Ante ello, sus servicios jurídicos requirieron más documentación a la empresa, que la remitía por la tarde, encontrándose a la espera de su estudio para realizar una valoración.