El proyecto de producción y almacenamiento de gas natural en la zona de El Saladillo, en el área de influencia del Parque Nacional de Doñana, supondrá la inversión de 200 millones de euros según cuantificó Petroleum Oil Gas-España (filial de Gas Natural Fenosa) a este rotativo.

Para la empresa gasística, la favorable Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que el pasado 15 de enero expidió el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente representa un paso crucial desde un punto de vista estratégico, toda vez que en ella se recogen "las aportaciones de diversas administraciones nacionales, autonómicas y locales, así como de algunas organizaciones conservacionistas". No obstante, matizan (a través de las respuestas a un cuestionario) que WWF y Ecologistas en Acción, dos de las más críticas con la iniciativa industrial, no presentaron ningún tipo de alegaciones.

Con independencia de ello, la filial de Gas Natural Fenosa considera que las aportaciones de los distintos actores que trabajan en la defensa de la Reserva de la Biosfera vienen a "perfeccionar el proyecto" y apuntalar las garantías del respeto a la flora y la fauna, tanto en la fase de construcción como en la de operación.

Petroleum Oil Gas-España se ha sorprendido por la repercusión mediática y de las críticas de los ecologistas a la DIE, máxime después de que el Consejo de Participación de Doñana brindase su respaldo al proyecto y que la explotación de yacimientos de hidrocarburos en los parajes de Marismas A, B-1 y C-2 daten de finales de los 80 y mediados de los 90.

Al respecto, la multinacional explicó que, aunque desde un punto de vista técnico se denomine producción, realmente de lo que se trata es de la extracción de gas contenido en el interior de la tierra. Por consiguiente, la elección del subsuelo de Doñana para el almacenaje del gas natural responde a que en este emplazamiento "se lleva operando desde hace 30 años" sin contratiempos de índole medioambiental. En este sentido, estas mismas fuentes explicaron que el subsuelo reúne "las condiciones óptimas" para garantizar su almacenamiento, precisamente porque en su génesis estos terrenos ya cumplían esta misión.

Estos factores, entre otros, hacen que este emplazamiento sea "único en nuestro país, lo que permitirá completar el sistema gasistico de Andalucía, a la par que incrementar las reservas de gas propio, logrando con ello "aumentar la actividad económica e industrial de la Comunidad Autónoma, lo que se traduce en inversiones, generación de empleo y otros beneficios para la zona".

Entre tanto, la tramitación administrativa continúa su circuito burocrático de la que resta la autorización ambiental unificada que ha de expedir la Junta de Andalucía, así como la administrativa a cargo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

A partir de que las obras comiencen, el proyecto de ejecución se estima en unos tres años, en los que se construirán nuevos pozos y un gasoducto de interconexión de 18.169 metros de longitud que sustituirá al existente, atravesando los parajes del Saladillo y Rincón, adscritos ambos al dominio público forestal.

Frente al silencio de los principales partidos políticos, fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Huelva han destacado que la DIA es positiva, tras superar "todos los estudios pertinentes y contar con los informes favorables y necesarios, entre ellos, el de la Junta de Andalucía". En este sentido subrayan que ha quedado acreditado que la actividad industrial "no pone en riesgo ningún ecosistema" y, por ende, la flora y la fauna del Parque Nacional de Doñana.

En esta línea se manifiesta el alcalde de Almonte, José Antonio Domínguez, quien explica que los yacimientos de gas "se encontraban en el subsuelo de forma natural", por lo que el único planteamiento de la empresa es precisamente volver al status quo anterior, inyectando gas y rellenando esas bolsas. El edil recalca que los informes de una y otra administración (Junta y Estado) son suficientemente elocuentes y rigurosos para no dudar de las garantías de preservación del acuífero. De otro lado, el alcalde popular defiende la actividad empresarial por "los puestos de trabajo que generará" y por cuestiones estratégicas del propio Estado, que "necesita disponer de sus propias reservas energéticas para abastecer a la población ante una hipotética y futura carestía de hidrocarburos".

Más recelos despierta el proyecto en el alcalde de Lucena del Puerto, Manuel Mora, para quien este tipo de actuaciones generan un agravio comparativo. Al respecto, censura que todos los macroproyectos económicos cuenten con los parabienes de las distintas administraciones, con independencia de su color político. Sin embargo, ese respaldo institucional "no es el mismo cuando hablamos de actuaciones de dimensiones microeconómicas". El edil explica que en su término municipal cuentan con tierras de cultivo que se labran desde hace más de cien años, si bien el Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana (Potad) "establece que una determinada área es suelo de protección especial y los agricultores no pueden hacer nada contra ello. Por el contrario, cuando se trata de una gran compañía energética, se hacen excepciones a esa infranqueable normativa".

En cuanto a nivel técnico, Mora recuerda que el propio Potad ya recoge el corredor energético por donde discurrirá el gaseoducto, si bien detalla que ese pasillo "ya se encuentra bastante saturado". Por otra parte, asegura que tras descatalogarse la zona como dominio público, el Ayuntamiento ha aprobado una contribución especial a la infraestructura, "el gravamen máximo que permite la ley".

Una postura más "prudente" muestra el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, quien reconoce que no ha tenido tiempo de estudiar minuciosamente el proyecto, y más concretamente la construcción del gaseoducto que atravesará su término municipal. Por lo tanto, señaló que antes de pronunciarse en uno u otro sentido "nos reuniremos con los técnicos para analizarlo pormenorizadamente y conocer cómo nos afecta la infraestructura y si se garantiza que no existan perjuicios a nuestra localidad".

Por último, evitó pronunciarse sobre la polémica de que el ex presidente Felipe González haya trabajado en favor de este proyecto desde su cargo de presidente del Consejo de Participación de Doñana, Petroleum Oil Gas-España, filial de de Gas Natural Fenosa, en la que ejerce en la actualidad de consejero el ex líder político.