El año 2012 se cierra como un ejercicio de negativas a los nuevos proyectos energéticos previstos. Tras años de tramitación administrativa, la regasificadora que Villar Mir Energía quería construir en el Puerto Exterior quedaba en suspenso, mientras la moratoria de las renovables dejaba en el aire 394 millones de inversión y el Ministerio de Medio Ambiente vetaba la ejecución de la refinería Balboa y el oleoducto que cruzaría la provincia, en este último caso con aplausos por parte de partidos y colectivos ciudadanos.

El primer freno a la expansión energética llegaba de la mano de la suspensión de las primas a las instalaciones renovables, medida adoptada por el Gobierno central en febrero ante el progresivo incremento del déficit de tarifa (la diferencia entre los ingresos y los costes del sistema eléctrico). Con la moratoria de las primas quedaba en suspenso la ejecución no sólo de los parques eólicos previstos y ya priorizados (con potencia asignada), sino también la instalación de cogeneración con la que Fertinagro preveía reactivar la factoría de Foret y otro proyecto del Grupo Térvalis. En total, según datos de la Junta, casi 400 millones de euros de inversión prevista y 1.200 empleos futuros.

Otra decisión del Gobierno central para solventar desequilibrios en el sistema energético español dejó en el aire una gran instalación prevista en Huelva, la planta de regasificación que Villar Mir preveía construir fundamentalmente para autoconsumo, la primera instalación exenta de la obligación de dar acceso a terceros. Tras una década de tramitación, el Consejo de Ministros suspendía la ejecución de nuevas regasificadoras en la Península "hasta que la demanda lo justifique", en un contexto de caída de la demanda e infrautilización de las infraestructuras gasistas existentes. Hasta el momento, Villar Mir no se ha pronunciado sobre si el proyecto sigue o no en pie.

En julio, tras meses de negociaciones, el Ministerio de Medio Ambiente daba prácticamente carpetazo (a falta del pronunciamiento de Industria, que no suele contradecir al negociado verde) a un proyecto polémico que también llevaba años de tramitación: la refinería Balboa y el oleoducto que la conectaba con el Puerto de Huelva. El departamento de Miguel Arias Cañete emitía (siete años y cuatro ministros después de iniciar el proceso) una Declaración de Impacto Ambiental desfavorable al proyecto, considerándolo medioambientalmente inviable "por los potenciales impactos derivados de su localización y sobre la zona marítima del Parque de Doñana, el más emblemático de la red española". La afección sobre la Vía de la Plata, un sistema de control de vertidos sin las suficientes garantías técnicas o la elevada cantidad de residuos peligrosos, así como la negativa de Portugal, fueron otros argumentos esgrimidos.