La deuda comercial del Ayuntamiento de Huelva, cifrada por el equipo de Gobierno del PP en más de 250 millones de euros, sigue siendo el principal caballo de batalla en la casa de la Gran Vía, pese al balón de oxígeno que supuso este año la semiprivatización de Aguas de Huelva, operación con la que este débito pudo menguar en 50 millones, como apuntó el teniente de alcalde de Economía y Empleo, Juan Carlos Adame, en la entrevista publicada ayer por Huelva Información. El punto de mira del Consistorio onubense está ahora en la obtención de en torno a 6,1 millones de euros con la nueva medida financiera aprobada por el Gobierno central, otra receta paliativa para mejorar la liquidez de los ayuntamientos españoles, que siguen a expensas de la solución definitiva, la reforma legislativa de la financiación local, respuesta estructural ante una coyuntura crítica. Todos con el agua al cuello, los municipios harán frente al pago de parte de sus facturas comerciales con el nuevo decreto estatal (8/2011), que entró en vigor el pasado 8 de julio, y que, entre otras cuestiones -como las medidas de apoyo a los deudores hipotecarios o de control del gasto público- contempla la apertura de una línea de crédito para la cancelación de deudas de las entidades locales con las empresas y autónomos.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) canalizará esta medida, anunciada por el presidente Zapatero en el Debate sobre el Estado de la Nación. Esta línea financiera ya se había incluido en un paquete anticrisis aprobado hace un año por el Ejecutivo central, pero fue posteriormente desestimada, ya que el Gobierno temía que fuese utilizada por los Ayuntamientos para aumentar su nivel de deuda. Sin embargo, el fracaso de la Ley contra la Morosidad y la grave situación de autónomos y pymes han encendido definitivamente el piloto rojo, forzando la recuperación de esta medida.

A través de las entidades bancarias colaboradoras, el ICO pagará directamente a los proveedores. El plazo del préstamo al ayuntamiento no podrá superar los tres años, ni el 25% de las entregas a cuenta por la participación del municipio en los tributos del Estado, que contribuirá a la "garantía final" del crédito.

Así, en el caso del Ayuntamiento de Huelva, según confirmaron ayer desde el área de Economía, se podrá solicitar un préstamo de hasta 6.165.035,23 euros (ya que la participación de la capital onubense en los ingresos estatales ascendió en el último año a un total de 24,6 millones). El Consistorio tendría que destinar este montante a su plan de pago a proveedores de suministros, obras y servicios, pero descontando, entre otros conceptos, los propios intereses que generará el crédito.

Los mandatarios municipales del PP mantuvieron ayer uno de sus encuentros periódicos con los representantes de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), donde se abordó este asunto, de máxima preocupación para la patronal, ya que atañe a la supervivencia de muchos autónomos y pequeñas y medianas empresas, que son los que más están sufriendo los efectos de la crisis, perjudicados, además, por la morosidad de las Administraciones públicas. Adame se comprometió con el secretario general de la FOE, Rafael Ávila, a dar prioridad a este perfil de proveedores y a mantener un criterio de antigüedad.

El Ayuntamiento tendrá que presentar su solicitud al ICO antes del 1 de diciembre de este año y, con carácter previo, deberá haber cerrado la liquidación presupuestaria de 2010. Para concertar estas operaciones de crédito, el Consistorio deberá acreditar todas las obligaciones pendientes que se vayan a acoger a esta línea, incorporando informes favorables de Intervención y Tesorería municipal (que se elevarán al Pleno) en relación con el cumplimiento del orden de prelación establecido en el decreto.