Suspendida la reunión prevista entre la subdelegada y los vecinos de Matalascañas

Suspendida la reunión prevista para este martes, en el Consistorio de la localidad, entre la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, y los vecinos de Matalascañas. La agenda de la subdelegada se ha cancelado en señal de luto por el trágico accidente ferroviario ocurrido el pasado en Adamuz, en el que ya se contabilizan 41 fallecidos.

Se había organizado esta reunión para disipar las dudas tras las declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que aseguró que los gastos para reparar los daños en el paseo marítimo del municipio los asumirá el Gobierno. La Asociación de Propietarios de Matalascañas quiere que se le aclare "quién es responsable de arreglar el paseo marítimo” y "si se hará cargo el Gobierno Central de las obras”, así como Gómez “si habrá retranqueo o no” del paseo marítimo.

Tal y como señaló el presidente de la asociación, Juan Gómez, lo que se reivindica es un “proyecto acorde con la situación para que no vuelva a pasar más”. Gómez apela a “que se dejen de tonterías, de peleas y se pongan manos a la obra” alegando que apenas quedan unos meses para la llegada del verano y a la imposibilidad de transitar por el paseo marítimo y el peligro en las estructuras cercanas, se suma el riesgo de vertidos de la depuradora que “no está en condiciones y podría causar un desastre medioambiental”. Ante esta situación, pedirán que la zona sea declarada como gravemente afectada por una emergencia, algo que Rico aseguró que haría el Gobierno si el Ayuntamiento de Almonte lo solicitaba y que permitirá activar las ayudas económicas necesarias para reparar los daños que se están produciendo en infraestructuras municipales.

El Ayuntamiento también se suma a las exigencias de los vecinos de una aclaración firme sobre si finalmente el Gobierno se hará cargo de las reparaciones. El alcalde de la localidad, Paco Bella, insistió en que es necesaria una posición clara ante una emergencia real que, según denuncia, sigue sin una respuesta concreta por parte del Estado, al que le atribuye declaraciones divergentes. Recalcó además que desde el Ayuntamiento ya se habían tomado medidas concretas tras la licitación por procedimiento de urgencia y por valor de 732.033 (sin IVA).