El alcalde de Ayamonte, Antonio Rodríguez Castillo (PSOE), confirmó ayer que la documentación requisada por los agentes de Medio Ambiente y la Policía Judicial de la Guardia Civil el pasado martes incluye documentos urbanísticos y de planeamiento urbano y costero desde 1993 hasta hoy. Entre los informes que se llevó la Benemérita se encuentran los referentes al planeamiento del proyecto turístico de Isla Canela aunque las palabras del alcalde extienden la investigación hasta Costa Esuri. Ambos desarrollos incluyen la etapa en la Alcaldía ayamontina de Isaías Pérez Saldaña, Rafael González (principalmente) y el equipo de gobierno actual.

El dilatado espacio temporal que abarca la investigación incluiría el proceso de compra-venta de los terrenos y fincas donde se asienta Isla Canela, muchos de los cuales provocaron protestas, expropiaciones a los colonos que ocupaban la isla , cambios de uso del suelo de turístico a residencial y de rústico a urbanizable además de multiplicarse el valor de muchas de las parcelas que se comercializaron durante los años previos al boom inmobiliario que ha culminado, de momento, con la construcción de más de 10.000 viviendas (4.000 de ellas en el entorno del paraje protegido de la Isla) en la Puerta de España.

La investigación que mantiene abierta el Juzgado número 3 de Ayamonte deberá revisar ahora decenas de planos municipales y procedimientos urbanísticos para determinar si existen irregularidades.

La lupa judicial repasará las denuncias que a lo largo de los últimos 17 años se han ido acumulando desde partidos políticos, particulares y grupos ecologistas.

Una de las zonas más problemáticas se refiere a las construcciones en primera línea de playa y ocupación de zonas verdes que fueron denunciadas por Ecologistas en Acción. Alguna de estas causas fueron archivadas al no encontrarse pruebas de las supuestas ilegalidades pero han servido para desenredar el tejido urbanístico que ahora trata de aclarar el Juzgado después de años de cambios de titulares.

Las denuncias de Ecologistas incluían advertencias sobre cambios de calificaciones urbanísticas ideadas supuestamente para conseguir la construcción de viviendas en zonas verdes. Las asociaciones ecologistas locales, Ojo con el Guadiana, también llegaron a criticar la pasividad de la Junta, que no actuó en muchos de los procedimientos urbanísticos municipales. Y eso que Ecologistas denunció el incumplimiento de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

En uno de los escritos que se presentó en su día ante la Fiscalía se resumía que "lo que hicieron los promotores de la recalificación fue redactar un estudio de detalle, que cambia la situación física de las manzanas y zonificación contempladas en el Plan Parcial vigente y además disgrega y desplaza una zona verde de 148.000 metros cuadrados situada en primera línea de playa, en fragmentos o trozos, en contra del interés general, para permitir en dicha zona la construcción de edificios residenciales, todo ello eludiendo cualquier control por parte de la Administración".

Esta denuncia tipo de Ecologistas no fue tenida en cuenta y el Consistorio atendió la licencia de obras que había pedido la promotora Isla Canela SA.

A raíz de estas denuncias, la Junta de Andalucía comienza a interesarse por el ordenamiento urbanístico ayamontino pero no es hasta el 15 de junio de 2010 cuando cuestiona la legalidad del Estudio de Detalle relativo a las parcelas centrales de Isla Canela, en concreto la zona UE-1A del Plan Urbano del Centro de Interés Turístico. En su resolución, la Dirección General de Urbanismo llega a requerir al Consistorio la revisión de un Pleno municipal celebrado en 2004, en el que se dio luz verde a una de las causas urbanísticas abiertas en la urbanización. La Guardia Civil ya estaba tras la pista del 'caso Isla Canela'.