El juicio del hotel El Coto de Matalascañas por el impago a los acreedores todavía no ha tocado a su fin. Pese a que estaba previsto que ayer se llegara a las conclusiones, la sesión se alargó y se ha ampliado la vista oral, que continuará el lunes con los informes finales de las partes.

El testimonio más sustancioso que se escuchó ayer en la sala de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva fue el del perito de oficio que analizó a fondo la contabilidad de Gran Hotel El Coto SA (Ghecsa). Este dejó claro que las empresas Alfa Beta Inversiones Hoteleras, Bamar 2000 y la propia suspensa Ghecsa "eran del grupo de M.B.G. y funcionaban a través de un mismo código".

A preguntas del fiscal del caso, Pablo Mora, el experto señaló que "todo va al contado, todo es opaco, no se puede contrastar con ningún movimiento bancario", al menos no entre 1995 y 2005. De los cinco años siguientes "hay unos apuntes contables", pero poco más. Creer que se ajustan a la realidad "es un acto de fe", manifestó ante el tribunal.

A su juicio, Alfa Beta "es una empresa espejo: lo que es un gasto para una supone un ingreso en la otra". Y transparencia, que es lo que cabría esperarse de la tesorería de una mercantil que debe liquidar sus bienes para pagar a los acreedores, "es poca".

Asimismo, el perito señaló que el dinero ingresado por los alquileres de distintos locales del establecimiento hotelero nunca llegó a Ghecsa y, por tanto, tampoco a los acreedores. Eran unos 300.000 euros, de los que el 85%, un total de 257.500 euros, fueron empleados en pagar al acusado y letrado A.V.G. (84.000 euros, 40.000 de ellos en minutas); a un despacho de abogados (78.000 euros, "solo hay un recibo"); a un miembro de la comisión liquidadora, también jurista (55.400 euros por minutas), y a Hacienda (40.000 euros).

Según lo analizado, el experto que ha realizado la valoración contable significó que lo que sí es una realidad es que "a los acreedores no ha ido ni un céntimo". Asimismo, remarcó a la letrada de la acusación Susana Barón que "hay salidas de dinero sin justificar en periodos de listados que no tienen la documentación adecuada, son áreas oscuras".

A otro de los abogados acusadores, Francisco González, le indicó el perito que "la fiabilidad de la documentación era discutible" y que es difícil saber realmente si lo recaudado llegó a invertirse en la caja. "Hay tres hipótesis: que se cobraran realmente los alquileres, que fuera en periodos distintos o que todo sea real, porque salvo entre 2005 y 2010, no tenemos ninguna evidencia con la que podamos contrastar el pago".

Desde el prisma del contable, "la forma de proceder no es la más adecuada para darle fiabilidad a la gente y mostrar que hay una intención de restituir las deudas existentes con los acreedores".

Cuando la defensa de dos de los acusados, ejercida por Jaime Camacho, le preguntó que si en la contabilidad había pagos oficiales, contestó que sí. Pero agregó que "antes de 2004 la información es muy precaria y hay que creerse que eso ha sido así", especialmente cuando el dinero se manejaba efectivo e iba a parar a una caja que se encontraba en el hotel El Coto.

Precisamente sobre este último punto fue inquirido uno de los testigos de la sesión, administrador concursal de la suspensa, quien manifestó que "a la caja fuerte tenía acceso el propietario del hotel, M.B.G.".

El segundo testigo de la defensa, liquidador de Ghecsa, explicó a la Sala "en absoluto recibí instrucciones concretas de M.B.G." para que no fluyera el dinero hacia los damnificados. Respecto a la subasta del llamado local 37 (piscina y solarium), declaró que estas instalaciones "solo tenían valor para el hotel", por lo que a su parecer era lógico que el acusado fuera el único que concurrió a la subasta. Después la Seguridad Social "embargó el importe de la subasta y a finales de 2004 el juzgado me autorizó a recoger el dinero, que se guardó en la caja" fuerte de la discordia.