Entre la desmemoria y la negativa a asumir responsabilidad alguna. Así transcurrió ayer la declaración del propietario del hotel El Coto de Matalascañas, M.B.G., uno de los tres acusados por el impago a varios acreedores de la entidad suspensa Gran Hotel El Coto SA (Ghecsa), en la primera jornada de una vista oral que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva 11 años después de la denuncia que dio origen a las actuaciones.

La Fiscalía solicita cinco años de prisión para él y para otros dos miembros de la comisión liquidadora de la mercantil, A.V.G y M.B.C., a los que atribuye delitos de falsedad contable y de alzamiento de bienes por el impago a los acreedores de la entidad.

M.B.G. es el administrador de Bamar 2000, además de ser accionista mayoritario de la propia Ghecsa y de Alfa Beta Inversiones Hoteleras. El fiscal considera que los acusados actuaron "de forma conjunta y siempre bajo las indicaciones de M.B.G." y que "realizaron a lo largo de varios años, con un único propósito criminal, diversas acciones tendentes a eludir la satisfacción de los créditos de los acreedores de la suspensa Ghecsa".

La defensa trata de aportar documentación a la causa, pero la Audiencia lo rechaza

Ayer el dueño del hotel contestó a las preguntas de todas las partes, no sin dificultad de audición, consecuencia de la selva de mascarillas y mamparas en que se han convertido las salas judiciales en estos tiempos de pandemia. A las de Susana Barón, letrada de la acusación, respondió entre otros que "supongo que sí se informaba" a los acreedores de las distintas subastas y de sus resultas, pero desmintió que él ordenara pago alguno a sus sociedades en detrimento del resto de los acreedores de Ghecsa.

Cuando Enrique Domingo, letrado de la acusación particular, le preguntó que quién tenía la llave de la caja en la que supuestamente se guardaba ese dinero, M.B.G. indicó que "yo no entraba en esa oficina salvo en ocasiones puntuales, no sé quién estaba a cargo".

Aquí hay que recordar que el Ministerio Fiscal hizo constar en su calificación que entre 1994 y 2011 Ghecsa facturó a Alfa Beta Inversiones por varios alquileres 153.460 euros, pero esta última solo abonó 109.344, "quedando pendiente el cobro de 44.115 euros, que nunca fue reclamado" por la mercantil suspensa. Tampoco fueron ingresados a la Hacienda Pública 7.549 euros y, pese a la grave situación de déficit de Gran Hotel El Coto, "no se reclamó un crédito con la Hacienda Pública que en el año 2010 ascendía a 314.158 euros".

Asimismo, se vendieron activos de la sociedad como el llamado local 37 (que incluye la piscina y el solarium, transacción que posteriormente anuló la Audiencia) y otro patrimonio inmobiliario, que fue revendido a Bamar 2000 en 2011 por más de 325.000 euros.

El montante finalmente fue a parar a la cuenta del bufete de abogados Macarena, del acusado A.V.G., "logrando así definitivamente escamotear a los acreedores el patrimonio de la suspensa Ghecsa". Sobre este último punto, el propietario del hotel manifestó en el plenario que "el notario recogió el dinero y se lo entregó a A.V.C., pero yo no he recuperado ni tengo a disposición ese dinero", del que dice desconocer la ubicación actual.

El tercero de los letrados acusadores, Francisco González, fue particularmente ordenado e incisivo en el interrogatorio. Preguntó a M.B.G. que por qué, si Bamar 2000 alquiló la piscina y los jardines del complejo hotelero a Ghecsa, no destinó ese montante a sufragar la deuda con los acreedores. "No lo sé", despachó el procesado. Negó además tener constancia de que sus sociedades se debieran dinero entre sí.

A.V.G, quien se defiende a sí mismo en el plenario, orientó sus preguntas al intento de su propia exoneración de la transacción notarial que acabó con los 325.000 euros de Ghecsa en la cuenta de su despacho. "Sí, sí, el notario le entregó el dinero, pero el destinatario era Gran Hotel El Coto SA, no usted", señaló el interrogado.

El tercer acusado, M.B.C., será interrogado hoy pese a sus considerables problemas de audición

Este, a preguntas de su abogado, Jaime Camacho, incidió en que "como arrendatario entregué muchas letras de cambio" a los acreedores y especificó que "nunca he dado una orden a la comisión liquidadora ni a sus miembros". Además, el encausado destacó que compró un establecimiento hotelero que estaba "en ruina total" y en el que tuvo que invertir cifras millonarias para ponerlo al día.

Al inicio del plenario, el representante legal de M.B.G. intentó aportar nueva documentación a la causa, propósito denegado por la Sala que preside Carmen Orland (con la excepción de un documento del Registro Mercantil) porque "la defensa ha tenido tiempo suficiente durante la instrucción y durante la comparecencia en que se abordó una posible conformidad para hacerlo".

En las cuestiones previas, Jaime Camacho reclamó la nulidad de las actuaciones "por indefensión" de su cliente y por la imputación "tardía que nada tiene que ver con la denuncia inicial". Tras la oposición rotunda de las acusaciones a sus alegaciones, el tribunal rechazó todos los argumentos del abogado de M.B.G.

A.V.G, por su parte, se acogió a su derecho a guardar silencio, mientras que el tercer acusado, M.B.C. será interrogado a primera hora de hoy mediante las preguntas que las partes plasmarán en un folio, ya que el procesado tiene graves problemas de audición.