El juzgado declara improcedentes los despidos del hotel Martín Alonso Pinzón
mazagón
Los recursos presentados provocan la suspensión de la retirada de la concesión turística del establecimiento Mantiene la actividad a pesar de no reunir los requisitos establecidos


El Juzgado de lo Social de Huelva ha declarado improcedentes varios despidos de trabajadores del Apartahotel Martín Alonso Pinzón de Mazagón. Resuelve así las denuncias presentadas por los empleados en 2014, algunas de ellas por incumplir la duración determinada del contrato laboral. La empresa deberá ahora readmitirlos o abonar una indemnización.
Los trabajadores han protagonizado en varias ocasiones movilizaciones, con concentraciones a las puertas del establecimiento, por la situación que han sufrido desde hace más de dos años. La falta de cobro de finiquitos, las nóminas de varios meses o el despido antes de cumplirse el contrato son las constantes de este establecimiento hotelero, según los empleados, que están viendo cómo ahora la justicia les está dando la razón.
Los empleados y los proveedores sufren continuos retrasos en los pagos y en algunos casos jamás han llegado a cobrar la deuda contraída con ellos por Innova Proporties Investmens, empresa que gestiona el establecimiento hotelero.
Durante el verano, alrededor de veinte personas componen la plantilla de trabajadores entre camareros, recepcionistas, cocineros y servicio de habitaciones, que después queda reducida a una tercera parte.
Los empleados mantienen que el hotel está al completo durante la temporada estival y tiene bastante ocupación en otoño, ya que trabaja con el Imserso e incluso ha ofrecido alojamiento a personal del INTA y a los participantes de las pruebas de triatlón, hasta el punto de que en ocasiones ha faltado personal para atender la demanda de los clientes, que se ha suplido a base de horas extraordinarias y de semanas sin descansos laborales. A pesar de ello, la empresa se declara insolvente para hacer frente a las deudas que tiene.
Los trabajadores han denunciado en reiteradas ocasiones la falta de seguridad y el incumplimiento de la ley de riesgos laborales y aseguran que la compañía tiene también contraídas deudas con Hacienda y la Seguridad Social.
Hasta hace unos días, el hotel ha funcionado al margen de la legalidad, ya que la Junta de Andalucía le reiteró la concesión turística y su inscripción quedó fuera del registro.
La retirada ha quedado ahora en suspenso después de los recursos presentados por la empresa. El primero de ellos fue una solicitud a la Delegación Territorial de Turismo de la Junta de reclasificación que ha sido admitida a trámite, por lo que seguidamente se ha procedido a la suspensión cautelar de la retirada del hotel del registro de Turismo.
El segundo es un recurso contencioso administrativo contra la supresión que también ha sido admitida a trámite, por lo que igualmente ha quedado paralizada por esta vía.
La Junta de Andalucía acaba de recibir esta notificación del juzgado, pero desde agosto de 2015 el apartahotel ha mantenido sus puertas abiertas a pesar de su retirada del registro. Según ha podido saber este periódico, el Ayuntamiento de Palos de la Frontera, competente en la materia, intentó el pasado mes de septiembre cerrar el establecimiento por su situación de ilegalidad, pero finalmente no lo hizo tras la admisión de los recursos.
La Junta eliminó del Registro de Turismo de Andalucía al Martín Alonso Pinzón por irregularidades administrativas, por lo que debió cerrar sus puertas al no reunir los requisitos necesarios para seguir con la actividad. Sin embargo, no ha sido así, entre otras cuestiones porque corresponde al Ayuntamiento palermo decretar el cese y no lo ha hecho.
La empresa dejó de cumplir lo que marca la Ley de Turismo para los apartahoteles. En junio de 2015 se produjo la cancelación en el registro turístico, que fue firme desde el 25 de julio, después de que Innova Proporties Investmens presentará un recurso fuera de plazo.
Tres días después de la cancelación definitiva, un inspector de Trabajo constató que el establecimiento hotelero continuaba abierto, incumpliendo así la ley, por lo que la Junta inició un procedimiento sancionador por clandestinidad contra el que se presentó un recurso.
La Administración regional no tiene competencia para cerrar el apartahotel, acción que corresponde al Consistorio del municipio en el que se encuentro ubicado, para retirar la licencia de actividad a la empresa que lo gestiona, que fue quien la concedió. La Junta de Andalucía sólo puede decretar el cierre en caso de que se produjeran situaciones de riesgo para la seguridad de los clientes y sanitarios.
Cuando se conoció la decisión de la Junta de retirar el establecimiento del registro, la asociación de hoteles solicitó el cumplimiento de la ley y el cierre por funcionamiento clandestino y al "no concurrir las condiciones para mantener el hotel abierto".
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