ICAR exige al Ayuntamiento de Cartaya que declare no adscrita a Eva Olimpia Moya

La crisis abierta en el seno de Independientes por Cartaya (ICAR) ha saltado al pleno municipal y amenaza la estabilidad del gobierno local. La formación ha cesado "automáticamente" a la teniente de alcalde Eva Olimpia Moya Borrero de todos sus cargos orgánicos y ha solicitado formalmente al Ayuntamiento que la considere concejal no adscrita, conforme al artículo 73.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).

La situación fue puesta de manifiesto en la sesión plenaria celebrada este martes, donde Moya intervino como representante de ICAR pese a que el partido sostiene que carece de legitimación para hacerlo. Durante el turno de ruegos y preguntas, PSOE e Izquierda Unida reclamaron al alcalde, Manuel Barroso (PP), que aclarase de forma inmediata cuál es la situación jurídica de la Corporación, sin obtener respuesta durante la sesión.

Según comunicó ICAR en redes sociales y en una nota registrada en el Ayuntamiento, la ejecutiva local del partido fue renovada en una Asamblea General Extraordinaria celebrada el 15 de diciembre de 2025. A raíz de ese proceso, la formación afirma que Moya "cesó automáticamente" en todos sus cargos orgánicos y que no ostenta, ni ha ostentado, la condición de afiliada, requisito imprescindible para ejercer representación política en nombre del partido.

La formación asegura haber notificado esta situación mediante burofax y registro oficial, prohibiéndole expresamente realizar cualquier actuación o gestión en nombre de ICAR. Pese a ello, la edil mantiene su acta y continúa ocupando el cargo de teniente de alcalde, ya que el Ayuntamiento no ha hecho efectivo su pase al grupo de concejales no adscritos.

PETICIÓN FORMAL AL AYUNTAMIENTO

En una nota de prensa difundida esta semana, ICAR reitera su solicitud para que el Consistorio constate la "ruptura del vínculo representativo" tanto de Moya como del concejal Manuel Bendala Rodríguez, a quienes sitúa en idéntica situación jurídica. La formación subraya que no se trata de una sanción ni de una expulsión, sino de una consecuencia legal automática prevista en el artículo 73.3 de la LRBRL cuando se pierde la vinculación con la formación por la que se concurrió a las elecciones.

Según el partido, esta constatación no requiere expediente disciplinario ni intervención de la Junta Electoral, sino un acto administrativo expreso por parte del Ayuntamiento. Hasta la fecha, denuncian, no se ha dictado resolución alguna, generándose una situación de "inactividad administrativa" que afecta al funcionamiento institucional.

EN EL AIRE EL PACTO DE GOBIERNO

El PP ganó las elecciones municipales de 2023 con ocho concejales, tres menos de la mayoría absoluta, por lo que selló un pacto de gobernabilidad con ICAR, que aportó tres ediles al equipo de gobierno. La ruptura con Moya y Bendala deja ahora en el aire ese acuerdo y la estabilidad del Ejecutivo local, a la espera de que ambos aclaren si mantendrán su acta y qué posición adoptarán en el pleno.

ANTECEDENTES DEL CONFLICTO

Según el relato trasladado por ICAR, la crisis se origina en el funcionamiento interno del partido durante el mandato de Eva Moya como presidenta local. La formación asegura que desde noviembre de 2023 no se convocaban reuniones de la ejecutiva, pese a ser solicitadas por la mayoría de sus miembros, y que se tomaban decisiones de manera unilateral.

Entre los episodios que el partido sitúa en el origen del conflicto se encuentra la retirada de competencias a la concejala Lourdes Brito Ceada durante una baja médica por enfermedad, una decisión que, según ICAR, se adoptó sin consulta al partido ni a la propia afectada y que derivó en una denuncia pública en el salón de plenos y en una posterior demanda judicial contra el alcalde.

ICAR sostiene que, tras estos hechos, una mayoría de la ejecutiva solicitó formalmente la convocatoria de una reunión, que no llegó a celebrarse. Ante la negativa, se convocó una ejecutiva conforme a los estatutos y, posteriormente, una asamblea general el 15 de diciembre de 2025, de la que salió una nueva dirección local.

Desde entonces, el partido afirma haber comunicado al Ayuntamiento que ni Eva Moya ni Manuel Bendala figuran como afiliados ni forman parte de la estructura orgánica, por lo que carecen de vínculo representativo con la formación. A partir de ese momento, solicitó formalmente que ambos sean considerados concejales no adscritos y que se regularice su situación dentro del marco legal vigente.