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La exalcaldesa de Alájar se enfrenta a dos años de prisión por prevaricación urbanística

  • La Fiscalía acusa a Osorno de ignorar los requerimientos para que sancionara a los dueños de casas ilegales en El Calabacino y de tratar de modificar el PGOU para legalizar la situación

Edificaciones diseminadas en la aldea de El Calabacino, desde el aire. Edificaciones diseminadas en la aldea de El Calabacino, desde el aire.

Edificaciones diseminadas en la aldea de El Calabacino, desde el aire. / H. Información (Alájar)

La Fiscalía de Huelva acusa a la exalcaldesa de Alájar, la socialista Carmen Osorno, de ser autora de un delito continuado de prevaricación urbanística por su inacción en el asunto de las casas ilegales de la aldea de El Calabacino, perteneciente a su término municipal.

Así consta en el escrito de calificación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Huelva Información en primicia y en el que se indica que procede imponer a la acusada dos años de prisión y 4.320 euros de multa por esta presunta actividad delictiva. En paralelo, la acusación pide para ella diez años de inhabilitación para empleo o cargo público de carácter electivo en cualquier administración local, además de las costas.

En la calificación, rubricada por el propio fiscal jefe de Huelva, Alfredo Flores, se detalla que Osorno ostentó la Alcaldía de Alájar entre 2010 y 2019. En dicho término municipal se ubica la aldea de El Calabacino, en pleno parque natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, donde "empezaron a instalarse diversas personas procedentes de toda España y del extranjero con la intención de residir de forma permanente, por lo que adquirieron pequeñas fincas rústicas de menos de una hectárea donde iniciaron la construcción y/o rehabilitación de edificaciones en ruinas, en caso de existir estas, sin solicitar las preceptivas licencias para ello".

El Ministerio Fiscal pide para la socialista diez años de inhabilitación para empleo o cargo público y más de 4.000 euros de multa

En febrero de 2014, los agentes de medio ambiente del parque pusieron en conocimiento de la Fiscalía la existencia de una construcción residencial que, al estar hecha de madera y alpacas de paja, suponía "un grave riesgo de incendios forestales".

Esta se finalizó en 2006, así que "estaba penalmente prescrita", pero se interesó al Ayuntamiento –a través de un oficio– que informara "de cualquier nuevo hecho de relevancia penal" y que tramitara el Expediente de Restauración de la Legalidad Urbanística de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), comunicando "a esta Fiscalía aquellos hechos que puedan constituir desobediencia penalmente relevante y/o cualquier otra infracción penal".

El Ministerio Público pone de relieve que en tres años, "desde esa fecha hasta principios de 2017, nada se informó por el Ayuntamiento ni por la investigada a la Fiscalía sobre lo acordado en relación a esa construcción". Tampoco se abrió el expediente de restauración del terreno ni se hizo nada al respecto de otras casas de edificación más reciente que "existían y eran perfectamente conocidas por la denunciada, ya que en algunos casos había concedido licencias para obras menores de mantenimiento y rehabilitación".

En enero de 2017, otra denuncia de un agente de medio ambiente refería la existencia de otra vivienda sin licencia instalada en terreno protegido, en El Calabacino. "Las obras, cuya fecha de finalización se ignoraba, consistían en una edificación de madera y paja de unos 16 m2 que además supone un grave peligro de incendio". La Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía había recibido por parte de la dirección del parque natural la propuesta de incoar expediente sancionador. Cuando los hechos llegaron a la Fiscalía, esta abrió diligencias de investigación y solicitó la intervención de la Policía Autonómica.

Los expedientes de El Calabacino desaparecieron del Ayuntamiento, pero la exregidora "no lo denunció ni lo comunicó a la Fiscalía"

Tras conocer que las viviendas ilegales se asentaban sobre diez parcelas distintas, el Ministerio Fiscal solicitó al Consistorio (en febrero de 2017) "informe -a remitir antes de un mes- donde, además de explicar el motivo de no contestar el oficio de 2014, nos informe de las medidas adoptadas por ese Ayuntamiento" con respecto a los inmuebles ilegales. También exigía que se informara de las personas que en la Corporación "han ostentado las competencias en materia urbanística".

En su contestación de marzo de 2017, la alcaldesa alegaba la falta de medios municipales para abordar el problema y que no había respondido al oficio de 2014 por "error, pérdida u olvido involuntario". Nada decía sobre los responsables municipales del desaguisado y el Ministerio Público volvió a insistir. Por fin a finales de abril consiguió que Osorno reconociera que las competencias en materia de urbanismo eran suyas y no recaían en nadie más.

"Sólo a partir de estas fechas y conocida por la alcaldesa la investigación de la Fiscalía, la acusada requirió al secretario municipal que abriese expedientes para legalizar lo construido y sólo excepcionalmente para sancionar o restaurar la legalidad, y cuando dicho secretario, a la vuelta de sus vacaciones de verano, le comunicó que los expedientes habían desparecido del Ayuntamiento, no lo denunció ni lo comunicó a la Fiscalía y se limitó a ordenarle que los reconstruyese", expone el fiscal jefe en el escrito.

La acusada intentó "modificar el PGOU para legalizar lo construido", pero el Pleno tumbó sus intenciones en noviembre de 2018. Flores evidencia que en las cuatro sentencias condenatorias y en otra absolutoria contra los propietarios de El Calabacino, "el Ayuntamiento no había adoptado ninguna medida para el cumplimiento de la legalidad urbanística". Por todo, le reclama dos años de prisión y diez de inhabilitación.

Osorno presentó la renuncia a su acta de concejal hace poco más de dos semanas, el pasado 25 de septiembre. La nueva Corporación municipal, con Rafael Martín al frente, se ha personado en la causa como perjudicada.

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