WWF denuncia la construcción de un pozo ilegal en Bonares

Cuando la aprobación del Plan de Regadíos de la Corona Norte de Doñana está en ciernes y sólo a expensas de que culmine el controvertido periodo de alegaciones, WWF ha denunciado ante la Seprona de la Guardia Civil el intento de construcción de un nuevo pozo supuestamente ilegal en una explotación de frambuesas en el término municipal de Bonares.

En una de las inspecciones rutinarias, la asociación ecologista pilló in fraganti a los operarios de una máquina de sondeos que, supuestamente, habían sido contratados por el empresario agrícola para la realización de un pozo. Felipe Fuentelsaz, coordinador de Agricultura en Doñana de WWF, apunta a que "no es la primera vez que empresarios freseros aprovechan el periodo de Semana Santa para tratar de construir nuevos pozos ilegales. Desconocemos si este hecho obedece a una mayor disponibilidad de máquinas de sondeos o una relajación de la presencia de Benemérita, si bien lo cierto es que en los últimos tres años" no han dejado de realizar denuncias de este cariz frente al instituto armado.

Fuentelsaz avanzó que los hechos serán puestos en conocimiento de la Agencia Andaluza del Agua (AAA), si bien su margen de actuación es nulo hasta que el pozo físicamente no esté operativo, es decir, se haya pinchado ilegalmente el agua del acuífero.

Sin embargo, el representante de de la asociación ecologista considera "especialmente grave" que aun llegado a este extremo la inacción sea la nota predominante, para lo cual pone como ejemplo anteriores pozos denunciados que continúan operativos, tal como ocurre en zonas como "los Avisperos o las Lagunas de la Madres". Un estado de anarquía que ha promovido de forma implícita que nuevos empresarios se sumen al intento de asegurarse recursos hídricos, lo que implica garantizarse la rentabilidad de sus cultivos. En este sentido entiende que las actuaciones judiciales han de seguir un consecuente trámite burocrático", si bien ello no ha de ser óbice para que, a la misma vez, se apliquen medidas cautelares que impidan la extracción de agua.

En el fondo subyace el temor de que la dilatación de la entrada en vigor del Plan de Ordenación genere un efecto llamada que promueva la construcción de nuevos pozos, como los ecologistas recuerdan que se produjo hace casi una década en el periodo comprendido entre el anunció del Potad (en 2002) y hasta que éste vio la luz pública en 2004. Huelga decir los problemas medioambientales que encierra continuar aumentando la presión sobre el Acuífero 27, máxime cuando tanto científicos como ecologistas coinciden en la necesidad de reducir las extracciones, e incluso comenzar a hacer uso de los 4,9 hectómetros cúbicos de agua superficial autorizada por el Consejo de Ministros.

Entre tanto, la Junta de Andalucía continúa a expensas de dar a luz el Plan de Regadíos cuyo periodo de exposición ha tenido que ser ampliado a cuatro meses tras la petición expresa de empresarios y agricultores tras detectarse un reguero de errores que contiene la cartografía de la Administración, por lo que se hacía materialmente imposible que los técnicos pudiesen cotejar en sólo sesenta días las 64.000 hectáreas que serán reguladas. Tal como adelantó este periódico, la administración no tuvo mayores objeciones a atender las peticiones del sector dado su denodado interés por extirpar dicho debate de los comicios municipales.

Primigeniamente el Plan pretende legalizar algo más de 9.000 hectáreas de regadío recogidas como tal en el Plan de Ordenación de Territorio del Ámbito de Doñana (Potad), quedando otras 1.500 hectáreas en un limbo legal, sobre las que sobre el papel pende la amenaza de desaparecer.

El propio sector se posiciona en contra de estas prácticas que perjudica enormemente los intereses del resto de productores que se rige por una escrupulosa normativa de respeto por el medioambiente y que han realizado denodados esfuerzos por apremiar a la propia administración a urgir un Plan que defina las reglas de juego. Algunos agricultores encuestados mantienen que hay que dejar de un lado el mal entendido corporativismo y "censurar" este tipo prácticas que atentan contra el medio ambiente, envileciendo el prestigio del que goza nuestros productos agrícolas y poniendo en tela de juicio todo el modelo sostenible con el que hemos venido trabajando en Doñana.