Vox quiere conocer los motivos del Gobierno para no incluir en los Presupuestos Generales del Estado la presa de Alcolea y el Canal de Trigueros, así como si se plantea encomendar la finalización de dichas obras a la Junta de Andalucía, toda vez que la administración autonómica se ha ofrecido para hacerlo. En una pregunta registrada en el Congreso, el diputado nacional, Tomás Fernández Ríos, recuerda que la provincia onubense, “pese a tener superávit de reservas hídricas, sufre limitaciones en el suministro, ya que este depende en un 90% de la infraestructura denominada Chanza-Piedras-Machos”, que transporta el agua recogida en la zona occidental de la cuenca del Guadiana al resto de la zona sur y oriental de la provincia que es donde se produce el mayor consumo”.

“Dentro de toda esta infraestructura, cobra una especial relevancia la construcción de la presa de Alcolea, fundamental para el desarrollo de la provincia y especialmente para la Campiña, el Andévalo y el Condado”, recuerda el diputado. No en vano, el objetivo de dicho embalse es aprovechar los recursos hidráulicos de la cuenca del río Odiel para complementar el agua que proviene del sistema Chanza-Huelva y que se destina al abastecimiento de la costa onubense, así como a la industria y a los regadíos de la provincia.

El proyecto (aprobado en 2011) cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental desde 2012 y se inició en 2014, pero las obras se paralizaron en el 2017, cuando se encontraban al 22% de ejecución, entre otras cosas por las dudas que ofrecía la calidad del agua que en el futuro embalsará dicha presa.

Según diferentes informes de expertos, no existen inconvenientes para reanudar las obras de la presa de Alcolea en cuanto a la calidad del agua se refiere, ya que la construcción de esta infraestructura es compatible con la evaluación de impacto ambiental de las obras y que, además, la puesta en marcha de la presa contribuirá a mejorar la calidad del agua embalsada.

“Entre otras medidas que incidirían en este aspecto, se encuentran la corrección de lixiviados procedentes de minas abandonadas y la función que ejercería la infraestructura en cuanto a contención de posibles vertidos al cauce procedentes de minas actualmente en explotación o que pudieran sumarse en el futuro”, apunta Fernández Ríos. Según Vox, los promotores de la provincia están comprometidos en una colaboración público-privada con la Junta para concluir las obras y abonar el canon del agua para la recuperación de los costes y los usuarios de la misma se comprometieron a pagar el 50% de las obras.