El Pleno acuerda un plan de saneamiento a costa de subir los impuestos locales

Bollullos del Condado

La oposición, PSOE e IU, critica con dureza el aumento de la presión fiscal · El objetivo del equipo de Gobierno es ahorrar 20.000 euros al mes · El alcalde justifica la medida con los recortes de Estado

Los concejales de Bollullos celebraron un Pleno tenso de contenido económico.
Carlos López / Bollullos

11 de agosto 2011 - 05:01

El Pleno municipal de Bollullos aprobó un plan de saneamiento económico que vino de la mano de una subida de tasas para dar cobertura financiera. El objetivo último es reducir el déficit y ahorrar un mínimo de 20.000 euros mensuales que serán puestos en manos de los juzgados al objeto de saldar las deudas con trabajadores, proveedores y acreedores. Sólo en sentencias firmes este importe asciende a 6,5 millones.

Donde no existen novedades es en el mantenimiento de la actual nómina de trabajadores, que en 2010 representó un gasto para las arcas municipales de 6.279.975 millones de euros. A pesar de que el alcalde, el independiente Francisco Díaz, haya manifestado en infinidad de ocasiones que la plantilla estaba "sobredimensionada" para un municipio de 14.085 habitantes, el nuevo convenio colectivo, consensuado con las principales centrales sindicales, da carta de naturaleza al mantenimiento de los derechos adquiridos e incluso, según denunciaron los socialistas, dará "dos nuevas pagas extras por valor 150 euros cada una" por sólo 42 semanas de trabajo.

El alcalde justificó el Plan como un medio de lograr esos desequilibrios derivados de unas cuentas en las que se han preponderado los gastos por encima de los ingresos, generando una espiral de obligaciones con entidades financieras, proveedores y acreedores que se ha hecho insostenible.

Díaz señaló que esta hoja de ruta se suscribe con una periodicidad de seis años, si bien será revisada bianualmente en función del desarrollo de la crisis.

A renglón seguido el interventor municipal declaró que ya en las liquidaciones se emitieron los preceptivos informes sobre la necesidad de realizar ajustes, aunque reconoció la dificultad de "revertir" y depurar en un mismo ejercicio las cuentas, cuyo "remanente de tesorería arroja un saldo negativo de 6 millones de euros. Bajo este escenario incidió en que no se acudirá a la suscripción de nuevos préstamos al objeto de intentar reducir la deuda viva para "permitirnos respirar".

El PSOE criticó que las medidas de saneamiento se resuelvan a costa de una subida impositiva con cargo directo al bolsillo de los ciudadanos. Carlos Sánchez conminó al equipo de Gobierno (IB y PP) a que predicase con el ejemplo, de forma que las medidas de reducción del déficit llegasen acompañadas de una reducción de los emolumentos que ingresan y que cuesta a los bollulleros más de "200.000 euros anuales", sólo el alcalde perciba "47.000".

IU, en boca de Juan Félix Camacho, lamentó la aprobación de estas subidas impositivas cuando en paralelo se proyecta liberar a otro edil o "se contrata a un monitor de ciclismo y otro de fútbol".

El portavoz independiente, Sergio Rosado, replicó que únicamente se ha subido el IPC correspondiente a todos aquellos años en los que se mantuvo inalterado. Francisco Martín, portavoz popular, hizo memoria a la hora de narrar el porqué se ha llegado a esta situación in extremis, resultado "del desastre socialista de gastar 15 millones fuera de presupuesto como consecuencia de no llevar la previsión a lo largo de 3 años consecutivos". Martín señaló que el PSOE "denigra al político" cuando se habla de los sueldos teniendo cuenta que "10 trabajadores de la plantilla perciben más que el alcalde y disfrutan de más de 50 días de vacaciones". El plan se aprobó únicamente con los votos del equipo de gobierno.

Acto seguido se abordó la aprobación de las ordenanzas fiscales, tasas e impuestos. El alcalde respondió que lo idóneo hubiese sido aumentar aún más la presión fiscal, si bien su equipo no quiso castigar de golpe a la ciudadanía. Igualmente precisó que el Estado ha disminuido en un 6% los ingresos a los ayuntamientos y le reclama 300.000 euros por el desfase entre la cantidad aportada en 2010 y los ingresos reales de las arcas públicas.

El PSOE tiró de hemeroteca y recordó que, durante el mandato 2003-2007 los concejales hoy independientes, se opusieron de plano a una subida de tasas, que finalmente salió adelante gracias a la abstención del PP, un criterio que ahora parece virar cuando gobiernan. IU justificó su negativa a estos nuevos impuestos desgranando que el IBI subirá un 15%, pasando del 0,75% al 0,85; el impuesto de circulación cerca de un 20% en algunos tramos, mientras que el agua subirá un 12%.

La entrada en escena del agua aumentó la tensión del debate de la privatización y los independientes señalaron que, a pesar del incremento, la cuota fija es de "6,5 euros en Giahsa por 4,49 en Aqualia, mientras que los gastos de acometida pueden ser de hasta 96 euros más en la empresa pública". De igual modo señalaron que el Impuesto de Circulación seguirá estando por debajo de los de Valverde, La Palma y Almonte.

El Pleno aprobó las fiestas locales de 2012, que serán del 12 al 14 de septiembre. Antes se dio cuenta de la dimisión de la popular Rocío Fernández, quien justificó su marcha para seguir con su trabajo en la Universidad y por su nueva maternidad. El testigo será recogido por Antonio Placido. Algunos ven en esta marcha una crisis interna en el PP debido a la "falta de renovación" de la vieja guardia. La joven fue la última en incorporarse en 2007/2011 y en los últimos comicios ocupó el puesto nº 2, tras el candidato Manuel Moreno. Fernández dijo que seguirá vinculada a la política local.

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