Un fuerte dispositivo de la Guardia Civil con unos 150 agentes, según testigos presenciales, acompañado por técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) cerraron en la madrugada del sábado un total de 17 de los pozos ilegales de Lucena del Puerto, sobre los que pesaba la sentencia de 2017 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para su sellado. Este dictamen judicial ordenaba al Ayuntamiento de la localidad a hacerlo y, subsidariamente, al organismo de cuenca si este no la llevaba a cabo, como finalmente ha sucedido con la intervención de la Guardia Civil.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, concretó ayer a través de un comunicado de prensa que la clausura se ha llevado a efecto sobre 17 de los 77 pozos ilícitos ubicados en monte público de Lucena.

Con esta operación se da, en parte, cumplimiento a la sentencia del TSJA, una resolución judicial contra la que no cabe recurso y que supone el fin a un proceso sancionador iniciado por la CHG en 2013, tras una denuncia de la Guardia Civil que motivó un expediente de infracción, resuelto por el organismo de cuenca desde 2014. En la sentencia, el tribunal andaluz constató que los 77 pozos sancionados en Lucena del Puerto se realizaron sin la autorización de la Confederación y nunca solicitaron los trámites para su concesión.

El Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadíos ubicadas al norte de la corona forestal de Doñana, aprobado por la Junta de Andalucía en 2014, ordena el territorio y determina una superficie regable de más de 9.000 hectáreas, de las que aproximadamente 6.100 hectáreas se encuentran en la cuenca del Guadalquivir.

Unos 150 agentes de la Benemérita han velado para permitir la actuación de la CHG

Estas explotaciones correspondían bien a terrenos agrícolas puestos en riego antes de 2004 que hubieran mantenido su actividad agrícola, bien a otros terrenos que contaban con derechos de agua para riego. Todo suelo que no cumpliera con estos requisitos, recuerda la CHG, quedaba fuera de este plan, sin posibilidad de tramitación para su concesión.

El suelo agrícola regable localizado en el municipio lucenero es de 707 hectáreas. En la primavera de 2019, la CHG se percató, a través de su sistema de teledetección, el riego de 1.064 hectáreas de invernadero. De ellas, prácticamente la mitad –487 hectáreas– se encuentran fuera de suelo agrícola regable (SAR) según el Plan Especial de Ordenación de la Junta de Andalucía.

Después de la noche del sábado (y pese a los esfuerzos de los agricultores para frenar la medida) se han clausurado 17 sondeos, por los que quedan otros 60 ilegales activos en las zonas de El Gago (son 66 sancionados), Casa Beas (con cuatro) y el paraje conocido como Magín (con otras siete extracciones).