Da la impresión de que la campaña de violaciones masivas denunciada por una publicación alemana y de la que se hicieron eco tanto representantes de Podemos como del Sindicato Andaluz de Trabajadores y que fue rechazada de plano por los representantes del sector, que condenaron unos hechos que calificaron como puntuales (de hecho hay tres denuncias contra otros tantos capataces), se torna en una reivindicación más laboral sobre las condiciones en las que miles de temporeras desarrollan su trabajo en las fincas de frutos rojos de la provincia. Ayer, medio millar de participantes, en su inmensa mayoría mujeres, convocadas por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), CGT, CNT, Mujeres24H, Café Feminista y otros colectivos feministas de la capital y Andalucía, pusieron voz a las peticiones sobre las malas condiciones en las que viven.

Poco antes de la marcha que comenzó en el pabellón de Deportes Carolina Marín, bajo el lema Fresas sí, pero con derechos, la abogada y miembro del SAT Pastora Filigrana señaló que la asistencia llamó "a la Administración pública porque todo este contexto es fruto de una dejación de funciones por su parte, faltan inspecciones de trabajo y mediadores interculturales, a pesar de que hay 17.000 mujeres marroquíes trabajando en Huelva".

Ninguna de ellas "tiene vehículos para denunciar estos abusos, por lo que cuando lo hacen es una acción heroica" y aunque "las administraciones animan a estas mujeres a denunciar, cómo, con qué herramientas lo hacen cuando trabajan en fincas a kilómetros de cualquier núcleo urbano, cuando no conocen el idioma, cuando eres una mujer pobre de Marruecos sin ninguna red en el Estado español", se preguntaba. Sobre la mesa, ponen "protocolos establecidos, herramientas, vehículos y un teléfono al que llamar cuando estas mujeres se ven afectadas por situaciones de este tipo". Así, hizo un llamamiento a "la patronal" para que "limpie el buen nombre de la fresa de Huelva". Sobre las denuncias de abusos sexuales, la letrada quiso dejarlas "en manos de los jueces con las denuncias que ya se han puesto".

Laura Limón, del colectivo Mujeres 24 horas, expuso su convencimiento de que "estamos ante la esclavitud del siglo XXI, con unas condiciones de precariedad que se solventarían con mediadores independientes que canalizaran las denuncias de las afectadas, la derogación de la reforma laboral y, sobre todo, que se palíen las condiciones deplorables en las que hacen su trabajo".

Nayet es una trabajadora marroquí que lleva 13 años en distintas fincas de Huelva y asegura que ha vivido "situaciones de maltrato psicológico, ya que muchas de las trabajadoras no sabemos ni lo que vamos a cobrar". También denunció las "amenazas que sufrimos algunas por los encargados que nos dicen que el año que viene no podemos volver, por lo que es necesario que ayuden a las que lo están pasando mal, que no es mi caso".

Ana también es una jornalera "desde los 16 años" y expresaba su "satisfacción porque por primera vez han salido a la luz denuncias concretas sobre personas concretas. No podemos seguir con un convenio que da vergüeza leerlo, ya que no se cumple en la mayoría de los casos"

En la concentración en Huelva, además de cientos de mujeres, se pudo ver a representantes de Podemos, como el diputado nacional Diego Cañamero, el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, el sercretario general del SAT, Óscar Reina, y el asesor de dicho sindicato, José Bódalo, quien se encuentra en situación de semilibertad con una pulsera telemática en su tobillo izquierdo. Entre los medios que cubrían el acto se pudo ver a un equipo de la BBC en su canal en árabe