Exigen el restablecimiento del tráfico entre El Granado y Pomarao

El granado/Más de un centenar de vecinos y pequeños empresarios de ambos lados de la frontera se concentraron ayer en el Puente Internacional del Bajo Guadiana, justo en la línea que divide España y Portugal entre el municipio onubense de El Granado y la pequeña aldea portuguesa de Pomarao, perteneciente a la Freguesía de Santana de Cambas (Mértola), para exigir la apertura "urgente" de la carretera provincial HU-6400, cortada al tráfico desde el pasado día 5 de diciembre debido al derrumbe de un talud como consecuencia de los temporales de finales de año.

La concentración fue convocada por la recientemente creada Plataforma hispano-portuguesa de afectados por el cierre del Puente Internacional del Chanza, ya que según señaló su portavoz, Félix Ramos, "transcurridos ya más de tres meses desde que se cortó la carretera no percibimos ninguna reacción por parte de las autoridades españolas, en este caso de la Diputación Provincial como responsable de esta carretera, a pesar de los graves perjuicios que esta situación está provocando entre los vecinos de una comarca que ha retrocedido casi diez años en el tiempo y que ha quedado dividida en dos, como estaba antes de la construcción de este puente en 2009".

Ramos incidió en que "ya no solo pedimos una solución al problema, sino que también exigimos que se nos responda por qué no se realizaron estudios previos que hubiesen podido evitar el derrumbe, y por qué ha sucedido esto después de los dos millones de euros que se invirtieron en esta infraestructura transfronteriza".

El corte de la carretera lleva ya tres meses dificultando las fluidas relaciones humanas, y sobre todo económicas, que el Puente Internacional del Bajo Guadiana ha venido propiciando a lo largo de la última década, con muchos negocios y pequeñas empresas creados a ambos lados de La Raya precisamente por las oportunidades de negocio que dicha infraestructura había generado, y que están notando los efectos de la falta de comunicación por carretera entre ambos países con cuantiosas pérdidas económicas.

A la protesta también se unieron Manuel Parrera, presidente de la Junta de Freguesía de Santana de Cambas, a la que pertenece Pomarao; y George Rosa, presidente de la Cámara Municipal de Mértola, de la que a su vez depende la citada freguesía, quienes coincidieron en lamentar los "graves perjuicios económicos" que el corte de la carretera está provocando entre los vecinos de las poblaciones a las que representan".

Para el primero la situación afecta especialmente a los establecimientos hosteleros del lado portugués debido a los numerosos españoles que asiduamente cruzan la frontera para comer en ellos, y a la venta de combustible y gas por el lado español ya que son cientos los lusos que se desplazan diariamente a nuestro país para adquirir este tipo de bienes por su menor coste. Parrera afirmó "no entender" como "una carretera tan importante como ésta puede llevar ya más de tres meses cortada", así como resaltó "el gran rodeo" que actualmente están obligados a realizar los usuarios de esta vía para desplazarse entre ambos municipios. Y es que un recorrido de apenas 13 kilómetros, se alarga más de 60 kilómetros si se realiza por el norte, a través de Paymogo; y más de un centenar si se hace por el sur, por Vila Real de Santo Antonio y Castro Marím.

Por su parte Rosa también lamentó "una situación que afecta muy gravemente tanto a españoles como a portugueses", por lo que afirmó haber ofrecido a las autoridades españolas incluso camiones y maquinaria "con el objetivo de agilizar los trabajos de limpieza de la carretera, así como ha pedido la "intermediación del Gobierno portugués para solucionar cuanto antes el problema".

Por su parte, la Diputación de Huelva informó esta semana que adjudicará en los próximos días el proyecto y obra del arreglo de la carretera con el objetivo de empezar los trabajos en la última quincena de abril o primeros días de mayo ya que "la idea es poder abrir la carretera de forma definitiva a mediados del verano".

Sin duda los más afectados por esta situación son los pequeños empresarios de uno y otro lado de la frontera. Es el caso de la empresaria hostelera María Pinto, que regenta el restaurante María, en Pomarao, quien aseguró que en estos tres últimos meses su negocio ha podido perder ya "casi 15.000 euros", ya que según sus cálculos ha perdido "aproximadamente entre el 50 y el 60% de su clientela". María Pinto aseguró finalmente que precisamente decidió hace varios años abrir su establecimiento "pensando sobre todo en los clientes españoles, que suponen el 90%, y ahora la gran mayoría de ellos ha dejado de venir".

Por la parte española el negocio más afectado es la gasolinera de El Granado, a la que diariamente acuden cientos de portugueses a repostar combustible (unos ocho céntimos de euro más barato en España que en Portugal) y a comprar bombonas de gas butano, cuyo precio oscila en nuestro país entre 12 y 13 euros, costando aproximadamente el doble en el país vecino. Su propietario, Tomás Neto, aseguró a Huelva Información que sus pérdidas ascienden ya hasta casi los 80.000 euros después de que sus ventas hayan caído entre un 70 y un 80%. Neto se ha llegado incluso a plantear el cierre del establecimiento, aunque finalmente ha optado por mantener un solo empleado para poder prestar "servicios mínimos abriendo solo unas cuantas horas por las mañanas y otras tantas por las tardes".