La Guardia Civil ha detenido en Cartaya a una mujer que empadronó a varios extranjeros en su domicilio y en el de terceros sin que estos supieran de la actuación a cambio del pago de 300 euros por llevar a cabo los trámites con el Ayuntamiento.

A esta persona se le ha detenido por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y falsedad documental y se investiga a otras cinco por este último delito, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

La denominada Operación Drompa comenzó en agosto de 2022, tras recibir una denuncia del propietario de una vivienda, explicando que tras ir al Ayuntamiento de Cartaya para realizar unos trámites, tuvo conocimiento de la existencia de tres personas extranjeras que estaban empadronadas en su domicilio sin su consentimiento.

Al sospechar los agentes de que podría no ser un caso aislado y que alguna persona podría estar empadronando a ciudadanos extranjeros no comunitarios previo pago de dinero, comenzaron las investigaciones.

Para detectar casos similares, sobre todo de aquellos domicilios en los que constaran empadronados un cierto número de extranjeros, los agentes solicitaron colaboración del departamento de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento.

Una vez obtenida la documentación aportada y tras su análisis, se averiguó que había otros cuatro domicilios con empadronamientos irregulares y sospechosos.

Por ello los agentes se pusieron en contacto con los verdaderos propietarios y moradores de las viviendas afectadas, confirmando que las personas que figuraban como empadronados había sido registrados sin conocimiento ni consentimiento.

En el transcurso de las investigaciones, se averiguó que en cuatro de los domicilios donde figuraban los empadronados, presentaron un contrato de arrendamiento falso y en el quinto domicilio lo hizo directamente la dueña en el Ayuntamiento acompañada de estas personas, aportando todos ellos fotocopias de su documento de identidad y la propietaria su DNI y escritura de la vivienda, lo que hizo sospechar a los agentes de esta última propietaria.

Finalmente, se localizó a cinco de las personas empadronadas, todas de nacionalidad extranjera, que manifestaron que habían pagado cada una 300 euros.

La supuesta autora que cobraba por los trámites ilegales de empadronamiento también fue localizada y detenida, resultando ser la propietaria de una de las viviendas donde constaban cinco empadronados, además de otros diez del resto de domicilios.

La operación continúa abierta a la espera de análisis de más documentación y localización de todos los implicados y la detenida junto con las diligencias instruidas fue entregada a la autoridad judicial.