El Ayuntamiento de Punta Umbría ha encargado a los servicios técnicos y jurídicos un informe para determinar el procedimiento a seguir con el proyecto de construcción de dos torres de 19 pisos, el denominado complejo residencial William Martin en la avenida Ciudad de Huelva de la localidad. El proyecto se encuentra actualmente bloqueado porque está pendiente de varias resoluciones jurídicas. La intención del Consistorio es intentar revertir ese bloqueo para poder reiniciar el procedimiento y poner así en valor los terrenos en los que se asienta el complejo urbanístico.

Según un comunicado difundido por la Alcaldía, el equipo de Gobierno ha encargado un estudio para analizar la posibilidad de aceptar la sentencia del juzgado contencioso-administrativo número 3 de Huelva que anula el acuerdo de Pleno del 27 de septiembre del 2017, por el que se pusieron a la venta los terrenos de la avenida Ciudad de Huelva, en los que está proyectado el residencial William Martin, de la empresa RíaUmbría.

El estudio se encuentra ya en proceso y su resultado “marcará las consecuencias y cuál será el procedimiento a seguir” en relación con el proyecto de las dos torres que desde hace meses está en los tribunales. En caso de aceptar la anulación del juzgado, sería necesario empezar todo el procedimiento atendiendo a las premisas marcadas por el juzgado.

Según el concejal de Economía, Daniel Ferrera “se están estudiando las opciones disponibles con el objetivo de que comiencen lo antes posible unas obras con las que se van a crear una gran cantidad de empleos”.Ferrera asegura que “este equipo de Gobierno es sensato y coherente y creemos que Punta Umbría no puede permitirse el lujo de esperar para que empiecen las obras” y que “aguardar a que concluyan las distintas resoluciones judiciales puede demorar mucho tiempo el inicio de un proyecto que es esencial para nuestro pueblo”.

La empresa promotora anuncia que solicitará las “correspondientes indemnizaciones legales por perjuicios y pérdidas ocasionadas”

Ferrera indica que “está en juego la creación de 500 puestos de trabajo y una considerable mejora del entorno y de distintas zonas del municipio que dependen de la venta de esas parcelas”.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Huelva falló el pasado mes de septiembre a favor de la impugnación de la venta por parte del Ayuntamiento de Punta Umbría de las parcelas sobre las que está proyectado el complejo residencial William Martin. La Audiencia daba la razón a la denuncia presentada por el concejal y portavoz de Unidos por Punta Umbría (UPU), José Carlos Hernández Cansino.

Éste denunció que la operación de venta de las parcelas se hizo de manera irregular al pertenecer éstas al denominado Patrimonio Municipal del Suelo (PMS) y que por lo tanto no daba lugar a la venta.

La pertenencia al PMS obliga al Ayuntamiento a destinar los beneficios de la venta de las parcelas a viviendas de protección oficial, mejora de bienes propios del patrimonio público, promoción de viviendas protegidas o actuaciones de interés social.

El Ayuntamiento acató la sentencia pero anunció la presentación de un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), al entender que las parcelas no son Patrimonio Municipal del Suelo pero, “aunque lo fueran, tanto su venta como el destino del ingreso de la misma se ajustaría, al igual que el fin de la propia parcela, a lo establecido en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía”. A la luz de la sentencia y del recurso se paralizaron las actuaciones relacionadas con el proyecto urbanístico.

Total desacuerdo

RíaUmbría ha expresado su “total desacuerdo” con el anuncio del Ayuntamiento, ya que la empresa se consideraría perjudicada porque ha “actuado en todo momento de buena fe y confiando en la legalidad de las acciones de una administración pública”.

Por ello, la sociedad promotora del proyecto ha anunciado que en caso de que el Ayuntamiento opte por aceptar la sentencia solicitará las “correspondientes indemnizaciones legales por perjuicios y pérdidas ocasionadas”.

El portavoz de UPU, cuya denuncia dio origen al contencioso, entiende que con el anuncio realizado ayer , la alcaldesa del municipio, la socialista Aurora Águedo, “reconoce la ilegalidad” del proyecto de las dos torres.

Según Hernández Cansino, “parece ser que la alcaldesa recula, rectifica, y pese a haber recurrido la sentencia que anula el proyecto de las torres, está pensando aceptar de una vez la legalidad”. “Pero que no piense ni un momento que se va a ir de rositas y sin pagar por el daño económico que ha provocado por su actuación ilegal que ahora reconoce”, sentencia.