El Ayuntamiento desvela facturas de 720.000 euros de la etapa de Cansino

El portavoz del equipo de gobierno de Punta Umbría, Jesús Fernández Ferrera, ha exigido al ex alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino (PP), que explique "con urgencia" su vinculación con el bufete de abogados de la capital onubense con el que comparte despacho y que ha reclamado al Ayuntamiento de este municipio el pago de un total de 719.336 euros por servicios realizados durante su mandato. Ferrera ha explicado que el Departamento de Intervención carece de la preceptiva justificación del gasto ordenado por el ex alcalde mediante decretos municipales al tiempo que considera "cómplices" de esta irregularidad al grupo de concejales del PP que compartieron gestión con Cansino durante la pasada legislatura.

El portavoz municipal explicó que en el mes de abril de 2008 un bufete de abogados de la capital onubense reclamó una partida de facturas por valor de más de 120 millones de las antiguas pesetas, en concepto de "servicios al Ayuntamiento de Punta Umbría". Se trata de unas facturas aprobadas firmadas por el ex alcalde, de las cuales no tiene constancia la Intervención del Consistorio, órgano encargado de manejar el presupuesto municipal.

Dos informes emitidos por este departamento revelan que "no existe constancia del gasto" y que por tanto no hubo consignación presupuestaria para tales fines jurídicos. Así, la Intervención ha enviado el caso a los servicios jurídicos del Ayuntamiento para averiguar esta irregularidad cometida por Hernández Cansino.

Ferrera ha advertido a Cansino que "prepare el bolsillo porque el equipo de Gobierno del Partido Socialista no permitirá que el Pueblo de Punta Umbría pague una deuda suya y de los concejales", a los que cataloga como "cómplices de esta negligencia administrativa".

Para Ferrera existe un dato más alarmante en todo este embrollo y es "la supuesta relación entre el ex alcalde y el bufete de abogados, ya que actualmente ambos comparten despacho en Huelva. Hernández Cansino tendrá que explicar por qué gasta 719.336 euros del bolsillo de los ciudadanos, por qué lo hace sin atender a los trámites legales y por qué acaba compartiendo despacho con el bufete de abogados que tras su marcha del Ayuntamiento reclama esa deuda".