La investigación abierta por el Ayuntamiento de Almonte para esclarecer si la jefa de la Policía Local, Francisca Borrero, y otros dos agentes actuaron de la forma debida durante la recogida y custodia del cuchillo localizado en una alcantarilla del Callejón de los Granados ya ha dado resultados. Como ha podido saber en exclusiva Huelva Información, el instructor del expediente informativo aperturado en diciembre ha concluido que su proceder profesional debe ser sancionado con una “falta grave o muy grave”.

Hay que tener en cuenta que el hallazgo del arma se produjo solo unos meses antes de la celebración del juicio por los asesinatos de Miguel Ángel y María, cuyos cuerpos sin vida presentaban más de 150 lesiones infringidas con un arma blanca que nunca ha sido encontrada. Y que permaneció en una taquilla de la Jefatura de Almonte durante años, hasta que en 2018 el hermano y tío de las víctimas, Aníbal Domínguez, tuvo conocimiento de su existencia y lo denunció ante la Guardia Civil.

Ahora viene el siguiente paso. A tenor del resultado del expediente informativo, el Ayuntamiento almonteño ha abierto expediente disciplinario a Borrero y a los dos agentes. Para llevarlo a afecto ha designado a un nuevo instructor, que se basará en las conclusiones de la investigación precedente e indagará “a fin de depurar posibles responsabilidades disciplinarias”.

Su tarea, entre otros, será llamar a declarar a los tres funcionarios, que podrán acudir a testificar acompañados por un abogado. Pero también puede citar a todas aquellas personas que tengan algo que aportar en el esclarecimiento del caso Cuchillo, incluidos los vecinos que fueron testigos de la extracción del arma de la cloaca o de los demás agentes que estaban de turno aquel día.

Los otros dos agentes almonteños investigados, en La Palma.

Los principales implicados serán informados oficialmente mañana de la apertura de este expediente disciplinario, confirman las fuentes de este periódico.

El denunciante, Aníbal Domínguez, manifestó ayer a Huelva Información que “consideramos la apertura de la instrucción de este expediente como una cuestión de imperiosa necesidad con vistas a depurar responsabilidades en lo que ha sido una actuación calamitosa, oscura y falta de la más absoluta profesionalidad por parte de dos policías locales y con sospechosa gestión por parte de la jefa de la Policía, que nos consta ni siquiera se ha prestado a colaborar en la instrucción del expediente informativo”.

Lamenta que “nunca llegaremos a conocer realmente qué es lo que se hizo con el cuchillo”, a lo que agrega que “no podemos olvidar que cuando la cuestión del cuchillo estuvo en su máximo apogeo hubo hasta un encuentro clandestino de la mismísima jefa de la Policía con el abogado del absuelto, una jefa de la Policía que asistió al juicio en calidad de testigo de la defensa para prestar un testimonio torticero en contra de los informes oficiales de la UCO”.

Por todo, la familia de Miguel Ángel y María “confiamos, por la decencia y transparencia que debe regir toda función pública, este asunto depure responsabilidades hasta el último milímetro porque este tipo de actuaciones son propias de gente que, incluso me atrevo a decir, debería estar apartada como funcionarios públicos”.