El Pleno del Ayuntamiento de Almonte acordó el 12 de marzo del año pasado la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Administración local. Con la socialista Rocío Espinosa al frente de la Alcaldía y Antonio Joaquín Díaz Trigueros como concejal de Seguridad Ciudadana, se procuró el blindaje del puesto de jefe de la Policía Local, que desde hace años ocupa la almonteña Francisca Borrero. El Sindicato Profesional de Policía Municipales de España-Andalucía (Sppme-A) mostró su desacuerdo con la medida en los tribunales. Ahora la Justicia le ha dado la razón.

Como consta en una sentencia de 29 de enero de 2020 a la que ha tenido acceso en exclusiva Huelva Información, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Huelva ha estimado la demanda del sindicato y ha dejado sin efecto esa protección de la que hasta ahora disfrutaba Borrero.

El magistrado precisa que la forma de provisión del puesto recogida en la RPT ahora corregida detallaba que solo se podía acceder a él por "promoción interna, respetando la reserva para movilidad, y será necesario haber permanecido como mínimo dos años en la categoría inmediatamente inferior, tener la titulación académica correspondiente, superar el procedimiento de selección que se establezca y aprobar el curso de capacitación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o escuelas municipales de Policía Local".

La clave está en esa "promoción interna". Porque la Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía establece que "el jefe del Cuerpo será nombrado por el alcalde por el procedimiento de libre designación de acuerdo a los principios de igualdad, objetividad, mérito y capacidad, pudiendo ser removido libremente de dichas funciones". Es decir, que es un cargo de confianza que hasta ahora quedaba acotado a los funcionarios que ya forman parte de la plantilla, concretamente a los de la "máxima categoría", y no hay nadie de tan alto rango como Borrero en el Cuerpo local.

Sin embargo, el juez considera que de este modo se está "excluyendo la segunda de las opciones expresamente establecida en la Ley reguladora". Que dice literalmente que a la Jefatura se puede llegar, obviamente, por promoción interna, pero también siendo "funcionarios de otros cuerpos de Policía Local o de otros Cuerpos de Seguridad, con acreditada experiencia en funciones de mando y con igual o superior rango y categoría que la del funcionario que ocupa el puesto de superior categoría del cuerpo de Policía del municipio".

Es decir, que la actual RPT almonteña "veda frontalmente la posibilidad de que funcionarios de Policía provenientes de otros cuerpos", como la Policía Nacional o la Guardia Civil, "puedan acceder a dicho puesto o cargo, aun contando con iguales o superiores méritos".

Esto, reza en la sentencia, "introduce un trato potencialmente desigual e injustificado –que es tanto como decir discriminatorio– al preferir, sin mayor justificación, a quienes pertenezcan ya a la Policía Local y puedan en consecuencia acceder a dicho puesto mediante la promoción interna".

Por todo, el magistrado estima la impugnación planteada por el Sppme-A. Esta circunstancia da vía libre al nuevo equipo de Gobierno que capitanea Rocío del Mar Castellano para, si lo desea, “designar a un nuevo inspector”, señalan desde el sindicato a este diario. La pelota está ahora, pues, en manos de la alcaldesa de la localidad, que debe decidir si sigue manteniendo a Francisca Borrero en ese puesto o nombra a alguien de su confianza para ocuparlo. Este diario trató ayer de buscar la valoración del concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Ángel Fernández, sin que fuera posible establecer contacto.

Sí fue posible hablar con la actual jefa de la Policía Local, quien dijo no tener conocimiento de esta sentencia: "Cuando la lea, opinaré sobre el tema". Lo que sí apuntó es que "soy funcionaria en propiedad" y, al indicarle que la Jefatura es un cargo de confianza, manifestó que "no, señor".

Otra de las alegaciones de la fuerza sindical se refiere a que el puesto de inspector jefe de la Policía Local que ostenta Borrero no aparece formalmente recogido en la Ley de Coordinación.

Este punto ha sido desestimado por el juez, puesto que "si bien no incluye expresamente el de inspector jefe, es evidente que tampoco lo prohíbe, al mencionar de manera acaso un tanto imprecisa al jefe inmediato del Cuerpo".

Que dicho puesto no conforme en sí una categoría profesional, "lo que es cierto, dado que la escala ejecutiva ha de conformarse a partir de los de inspector y subinspector, no impide la asignación de funciones de mando (...) al funcionario designado con dicha denominación".

El Contencioso 3 de Huelva también admite una segunda impugnación del Sppme-A que atañe al puesto de coordinador de Tesorería del Ayuntamiento, ya que considera que se incumplieron los requisitos de negociación sindical al aprobar el Pleno almonteño el encuadre de este puesto en el Grupo A1, cuando lo acordado era que correspondiera al Grupo A2.