Dice la Constitución en su artículo 47 que disponer de una vivienda digna es un derecho de toda persona y que los poderes públicos deben poner las condiciones para hacer efectivo este derecho e impedir la especulación. Es evidente que, como en tantas otras cosas, se incumple la Constitución. Para muchas personas y familias ese es un derecho que no existe y ejercerlo supone un enorme sacrificio que condiciona la vida por el alto precio de la compra o de los alquileres. La especulación por encima de los derechos humanos. Por otro lado se sigue desahuciando a familias empobrecidas, lanzadas a la calle con sus vidas destrozadas, mientras sigue habiendo pisos vacíos. Junto al desempleo o al empleo precario, el difícil acceso a la vivienda es uno de los factores que más influyen en el empobrecimiento y la desigualdad. Entidades financieras, fondos de inversión y otros actores económicos se lucran con el negocio de la vivienda, violando el interés general y la Constitución.

Son muchas las causas del atropello del derecho a una vivienda digna y asequible. Pero hay una causa fundamental: haber permitido, seguir permitiendo y alentando que la vivienda sea un negocio. Negocio y derecho son incompatibles. En el bien que es la vivienda manda el negocio que niega el derecho. Una vez más el dinero en el centro, en lugar de las personas. Dicen que eso es el mercado, un eufemismo para ocultar esos intereses ilegítimos que atropellan los derechos de las personas. El mercado responde a los intereses de los poderosos y nunca cubrirá las necesidades de los desfavorecidos, porque se rige por los beneficios. Es el dios dinero quien manda.

Cuando la propiedad privada está por encima del bien común, el derecho a la misma ha de ser secundario. Hace falta valentía para que la vivienda sea un derecho y no el negocio de unos pocos. Hace falta valentía para establecer una ley de vivienda que afronte integralmente lo necesario para que los más vulnerables tengan un techo en el que desarrollar una vida digna. Hace falta valentía y dedicar más recursos para crear vivienda pública, articular políticas fiscales que penalicen el acaparamiento de grandes cantidades de vivienda por parte de fondos de inversión, tomar medidas reales que frenen los desahucios de familias sin recursos, acabar con las prácticas especulativas. Seamos valientes. El derecho a la vivienda es fundamental para que todas las personas puedan desarrollar un proyecto de vida digno.