Somos muchos los onubenses que nos hacemos esta pregunta: "¿Qué pasa con el Proyecto CEUS?". Ante las noticias cruzadas, las distintas opiniones y criterios, no tenemos muy claro el tema. No sé si la sociedad civil de Huelva, los ciudadanos en general, son conscientes de la envergadura, de la importancia y trascendencia de esta actuación promovida conjuntamente por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), adscrito al Ministerio de Defensa y la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), dependiente de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, que tiene como objetivo la implantación de un Centro de Ensayos para el desarrollo y la investigación con sistemas no tripulados en terrenos del término municipal de Moguer, que se extiende sobre 75 hectáreas de monte público, declarada su preeminencia por su interés científico-tecnológico sobre su entidad forestal con la consiguiente descatalogación de terrenos en los que emprender esta importante actividad para la investigación pero también para el entorno estratégico y socioeconómico de la provincia.

Desde que se estableciera el acuerdo, el 29 de octubre de 2013 por el Consejo de Gobierno, se han sucedido multitud de noticias, especulaciones, promesas sobre la inminencia de esa luz verde tan deseada, de ese interés público tan notable, de un convenio ya intentado dos veces en diez años. Estábamos en estas cuitas, en estas dudas, en estas controversias, en estos inevitables escepticismos, cuando nos topamos, sólo hace tres días, con titulares de este porte: "El protocolo entre Junta y Gobierno del CEUS carece de partida económica"… El apartado de financiación recoge específicamente que "no conlleva ningún tipo de compromiso presupuestario adicional para las partes" ni "incremento alguno del gasto"… "El convenio no supone ningún tipo de obligación económica para INTA y Junta"… "La infraestructura fue declarada de interés estratégico en Andalucía en 2015"...

Cuando se echa de menos una presión popular más intensa, una lógica demanda de la sociedad civil, nos consta que entidades económicas de Huelva, la FOE, la Cámara de Comercio y Huelva Potencia Económica, creada para la mediación y consecución del proyecto para Huelva, se implican y destacan su compromiso con el empeño. Ésta última solicitaba una prórroga de la Declaración de Impacto Ambiental, demorada por el confinamiento pero a la vez manifestaba que el alcalde de Moguer y su corporación "no parecen haber entendido la importancia de este proyecto para su población, Huelva, Andalucía y España" y añadía que "nadie explica con claridad la necesidad de vincular a la Junta de Andalucía en el proyecto". Meter el tema en el juego político es un riesgo, una absurda temeridad, que puede hacer prevalecer los intereses partidistas y electoralistas en detrimento del futuro de la provincia. Huelva no puede perder esta oportunidad. Otra más

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