
La firma
Antonio Fernández Jurado
¿Un país roto?
Escribía Lucas, el Santo Evangelista: “De la abundancia del corazón, habla la boca” (6:45-40). Igualmente de la maldad del corazón brotan injurias, falsedades, imposturas y toda suerte de agresiones a la verdad, a la evidencia. Eso pensamos a más de una semana de proferirlo a voz en grito la vicepresidenta del Gobierno y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, cuando calificaba de vergüenza la sentencia del caso Alves. Y digo maldad con todas las consecuencias porque María Jesús Montero, en utilización extrema de su feminismo inquisidor y punitivo, ha proferido una auténtica blasfemia en términos jurídicos, pisoteando un principio fundamental de los Derechos Humanos y de nuestra Constitución, como es la presunción de inocencia, al afirmar con términos altaneros y agresivos que es una vergüenza “que la presunción de inocencia esté por delante del testimonio de mujeres jóvenes”, lo que trató de desmentir sin desdecirse de su rechazo a la sentencia y aprovechar para acusar al PP de “tergiversar” sus declaraciones, en uso de un ataque recurrente por parte de los socialistas con su acendrado sectarismo prodigado, venga o no venga a cuento. No se hizo esperar la contundente respuesta de las asociaciones de jueces y fiscales: “Nadie es culpable hasta que se demuestre con pruebas”.
Pero la vicepresidenta del Gobierno –cada día con menos sentido de Estado– añadiría, con su habitual retórica vacía y aparatosa, sobreactuada y demagógica, de sonoridad mitinera y electoralista, desató la batalla de la justicia social, la retrógrada lucha de pobres y ricos, tan propia del presunto patrimonio izquierdista a causa de las universidades privadas, con esa intención disuasoria que distraiga a la ciudadanía de otros problemas más graves para el país. En lo que no tardó en incidir el presidente del Gobierno, en otro gesto autocrático y de obsesivo intervencionismo, calificando a las universidades privadas de “chiringuitos”, lo que nos lleva a poner en duda aún más los méritos del propio Sánchez y sus compañeros ministros que cursaron sus carreras en estas universidades. Una injerencia más cuando las universidades públicas son las que más problemas plantean. Por cierto: algo más tendrá que decir la vicepresidenta sobre los sueldos indebidos a directivos de la Fundación Progreso y Salud de la que era presidenta.
Para chiringuito, el escudo “antiarancelario” anunciado el pasado jueves –sin presupuestos aprobados–, en una nueva comparecencia sin preguntas, como es norma de la casa, convenientemente inflado y con trampa incluida también, como de costumbre: la mitad no es de nueva financiación, sino dinero ya presupuestado para otras medidas y el resto en créditos reintegrables. Es decir, préstamos que tendrán que devolverse.
Y ¡sorpresa! El presidente del Tribunal Constitucional ha descartado neutralizar la consulta de los ERE a los tribunales europeos planteada por la Audiencia Provincial de Sevilla. ¿Qué temía?
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