Gallardo no tiene que dimitir

Miguel Ángel Gallardo, la parte contratante y agente protector de David Sánchez en la Diputación de Badajoz y en el actual lío judicial, respectivamente, ha puesto al PSOE de Extremadura al servicio de ambos procesados. Sin pudor ninguno.

Aún está por ver si su carrera frenética para adelantarse a la también apresurada jueza instructora del caso de los conservatorios coordinados le sirve del todo a Gallardo. No es seguro que su recogida del acta parlamentaria sea suficiente para garantizar su benéfico aforamiento o éste requiere que el nuevo diputado jure/prometa la Constitución y el Estatuto de Autonomía en la cámara extremeña. También existen dudas jurídicas acerca de si no sería un fraude de ley conceder el aforamiento sobrevenido a un diputado que va a sentarse en el banquillo por hechos presuntamente delictivos cometidos años antes de serlo.

Lo que sí es seguro y no deja lugar a dudas es que el secretario general del PSOE de Extremadura, presidente de la Diputación de Badajoz y jefe de la oposición socialista en el Parlamento autonómico, no tendrá que dimitir de ningún cargo institucional ni orgánico pese a haber sido llamado a juicio oral –al banquillo de los acusados, vamos– por la juez instructora de la causa por corrupción en la que está inmerso.

El código ético del PSOE establece lo siguiente: todo cargo orgánico o público del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal “dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria”. Si no la presenta, será suspendido de militancia y, en su caso, expulsado de partido. Era una medida firme, valiente y necesaria.

Lo que ocurre es que en el congreso federal celebrado en noviembre en Sevilla –el de la apoteosis de Pedro Sánchez tras su pájara de primavera– se aprobó una nueva disposición estatutaria según la cual el cargo público en apuros con la Justicia podrá pedir a la Comisión de Ética y Garantías que no le apliquen el estricto código obligándole a dimitir cuando su encausamiento nazca de denuncias de la extrema derecha. O sea, que importe menos que la Justicia haya encontrado indicios de criminalidad en la actuación del cargo público implicado que lo haya hecho alertada por políticos hostiles al honrado socialismo.

¿Alguien duda de que Gallardo alegará eso para no dimitir? ¿Alguien duda de que la Comisión de Ética lo aceptará?