Habrá muchos para los que Ebro sólo sea un río y Pegaso un ser mitológico, pero otros muchos, seguramente más mayorcitos, recordarán que no hace mucho también eran unas marcas de camiones, autobuses, tractores… muy extendidas en nuestras carreteras y que eran de propiedad pública y habrá mucha gente que no se crea que empresas como Repsol, Iberia, Telefónica-Movistar, Seat, Ence, Atesa, Endesa o la mitad del BBVA fueron en su día empresas propiedad del Estado Español, incluso algunas de ellas tras un proceso de nacionalización y es que, siguiendo el hilo de nuestro artículo del miércoles, ha habido muchas recetas comunistas (en otro momento nos podríamos extender sobre la educación y la sanidad públicas y universales o sobre las mejoras en el ámbito laboral) aplicadas por gobernantes de todo tipo y, en nuestro país, una dictadura de derechas vio la conveniencia de disponer de un sector productivo potente en manos del propio Estado, que reducía la dependencia económica, no sólo del exterior sino de los caprichos y vaivenes del mercado, sacaba partido a las riquezas endógenas, generando empleo de calidad y, de rebote, ingresos para las arcas públicas.

Hasta que llegamos a los primeros años de la democracia con esa imponente lista de empresas comunistas que fue empezada a privatizar por el gobierno socialista de Felipe González para que el gobierno conservador de Aznar sólo tuviera que rematar la faena. Sólo se salvaron de la quema las empresas que resultaban menos atractivas al mercado: Correos, Renfe… Se decía que aquello, la privatización, era una imposición de la Unión Europea y se apelaba a argumentos como la solvencia y la eficacia o el beneficio para los consumidores, para la ciudadanía en general, que traería la libre competencia. Miles de despidos, decenas de puertas giratorias y millones de pérdidas para el erario público después convendría evaluar si realmente los procesos de privatización han traído esas mejoras para nuestra sociedad y si, en todo caso, las mejoras que hayan traído han compensado los costes que supone la pérdida de todas esas empresas por parte del sector público.

En estos tiempos en los que tantas cosas se ponen en cuestión tal vez podríamos pasar de luchar en las trincheras contra la privatización de la Educación y la Sanidad a proponer en la tribuna la construcción de un sector público que, por ejemplo, fabricara vacunas y mascarillas.