Dependencia

Su estilo es embarazoso, y cuenta en su expediente con aquella humillante llamada de Angela Merkel en 2011 que provocó nada menos que un cambio constitucional para contener el gasto público, pero Rodríguez Zapatero fue entre 2004 y 2011 un presidente con algunas notables luces. Nada más aterrizar en el cargo, cumplió significativas y arriesgadas promesas electorales. Sacó a España de la Guerra de Irak, y no sólo el tiempo le ha dado la razón, sino que, siguiendo a la liebre española, se la fueron dando todos los países que estaban aliados contra los molinos de viento de Sadam Hussein (las “armas de destrucción masiva”, un quedo histórico). Zapatero también promovió la legalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, otra apuesta legislativa de alto voltaje, que con el tiempo ha reconocido como conveniente y normal la gran mayoría de la población, así como, de nuevo, tuvo carácter pionero para que hicieran lo propio los parlamentos de otros países más desarrollados. Zapatero, en fin, fue el artífice de la Ley de la Dependencia, que estaba al menos a la misma altura de necesidad que aquellas dos medidas. Cuenta ésta, sin embargo, con un rasgo distintivo que ha lastrado cruelmente su implantación. El dinero.

Mientras que irse de una guerra es ahorro, y legalizar que dos hombres o dos mujeres contraigan matrimonio civil no ocasiona costosos gastos públicos directos, proveer de asistencia a quienes las necesitan para vivir con cierta dignidad y sin condenar financiera y cotidianamente a sus allegados es una obligación para la que nuestros ingresos presupuestarios no resultan estar a la altura, tras casi 20 años de ley. Provoca la resistencia como gato panza arriba de los gobiernos autonómicos y locales de cualquier signo, poniendo trabas e incumpliendo de forma clamorosa en las baremaciones, resoluciones de grados y concesiones de centros públicos o concertados. Sugiero que lean el artículo editorial de este periódico de ayer (Incumplimientos con la dependencia) sobre un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Desolador.

La Junta de Andalucía es consciente de esta vergonzante situación, pero los resultados de sus planes y acciones en el asunto son del todo insuficientes. Cabe preguntarse en qué país vivimos. En qué gastamos los dineros, vaya.