Alas puertas de las elecciones se van conociendo datos sobre la gestión económica de los gobiernos municipales, y los llamados "ayuntamientos del cambio" (en particular Madrid y Valencia, también Cádiz, Badalona, San Fernando…) sacan pecho por sus buenos resultados. Han reducido la deuda y han invertido más en cultura, gastos sociales, limpieza… Oh, sorpresa: frente al oxímoron tanto tiempo repetido y padecido, ambas propuestas no son incompatibles. Resulta que en estos consistorios no solo no se gasta por encima de sus (nuestras) posibilidades, sino que se hace con criterio, transparencia y cordura. No es milagro, ni financiación oculta, ni burbuja artificial que sostenga las cuentas. El verdadero cambio de este modelo municipal consiste simplemente en gestionar lo público como se gestiona la propia casa, porque no se nos ocurriría engañarnos ni robarnos a nosotros mismos.

Se dice a menudo que los ciudadanos no votan ideas, que únicamente quieren que se les solucionen sus problemas. Frente a esta teoría de la desaparición de las ideologías, Carmena, Colau, Ribó y otros alcaldes del cambio apuntalan su gestión sobre una carga ideológica de profundidad: la defensa de lo público frente a la ola de privatizaciones y contrataciones externas, que ha invadido (y desmantelado) las administraciones de media España.

La aparente austeridad de los ayuntamientos que buscan la privatización como salida termina aumentando la deuda, encareciendo el servicio y reduciendo posibilidades. El caso del agua es emblemático en muchas ciudades. En Huelva, donde tenemos la cuarta tarifa más cara de España, lo sabemos bien. Lo mismo ocurre con otros servicios, y vuelvo a poner un ejemplo onubense: el abaratamiento de costes, criterio empresarial máximo, ha dejado a los usuarios de la piscina del Saladillo -polideportivo municipal de gestión privada- sin los socorristas necesarios, lo que se traduce en recorte de horarios y prestaciones.

Hoy, tras años de privatizaciones, la remunipalización está en la agenda de muchos ayuntamientos, porque no vale cualquier tipo de gestión. Los ciudadanos hablarán en mayo y esa es la opinión que cuenta. Pero el debate sobre la gestión de lo público ya ha conseguido instaurarse y hay argumentos poderosos que surgirán con fuerza en la próxima contienda electoral. Es la defensa de lo común, de lo que es de todos, lo que está en juego y hará falta que nuestros políticos estén a la altura.