Juanma Moreno y Teresa Ribera salieron el martes en público para escenificar su acuerdo por Doñana. Sonrisas, palabras conciliadoras y un apretón de manos que simbolizan el nuevo entendimiento entre la Junta de Andalucía y el Gobierno central para asegurar el futuro del Parque Nacional, sin dejar de lado los municipios de su entorno y la necesidad que tienen de inversiones que compensen las limitaciones a su desarrollo por la obligación de conservación del espacio. Ese es el punto de partida, el encuentro entre dos posiciones enconadas demasiado tiempo por una confrontación política que ha dañado mucho la imagen de esta tierra en Europa.

Ahora la realidad parece otra muy distinta. Dice Teresa Ribera en una entrevista hoy a Huelva Información que “ha cambiado radicalmente el panorama”. Para bien, claro. Para propiciar ese encuentro que a lo largo de las próximas semanas no debe perderse entre declaraciones individuales, mítines políticos o intervenciones parlamentarias. No es deseable si queremos que ese acuerdo se consolide con una solución para el gran problema existente en esta comarca de Huelva.

Porque ahora no sólo salen victoriosos Doñana y los municipios de su entorno. También ganan Junta y Gobierno, y sus respectivos partidos, que con el consenso y una novedosa lealtad se alejan a su vez de posiciones extremas que nunca ayudan en la buena política. Por eso deben ser los primeros interesados en proteger también con celo este espacio común abierto esta semana que beneficia a todos.

Ahora toca estas semanas que este acuerdo concrete unas medidas que de forma real y efectiva, y con continuidad en el tiempo, asienten el desarrollo de una comarca y una provincia con tanto que ofrecer al mundo, y al mismo tiempo, tan olvidadas y desaprovechadas. Su desarrollo económico, no se engañen, no debe limitarse a lo local para ser de Andalucía y de toda España.

Ese valor añadido que debe ser Doñana tiene que ser real. Ha llegado el momento en el que esta privilegiada joya natural no sea vista como un obstáculo al desarrollo de la zona y sí, como parece que coinciden Junta y Gobierno, una oportunidad para su gente. Porque son estos, tampoco lo olvidemos, sólo lo vecinos del entorno, los que durante siglos han sido responsables del equilibrio y defensa de un territorio que históricamente ha sido puesto en peligro más por quienes han llegado de fuera que por sus moradores.

Las opciones que habría en esa búsqueda de alternativas podrían pasar por indemnizaciones y compras puntuales de terrenos que compensen la renuncia del puñado de agricultores que aspiraba a regularizar sus cultivos de regadío como medio de vida. Pero aun sin espacio para la especulación, debería ser otro el camino. Debe alejarse de esta tierra el pan temporal en forma de subsidio para abonarla con inversiones necesarias y efectivas. Nada de inventos improvisados o puntuales, pero sí de proyectos sólidos y madurados que puedan generar un gran impacto económico en la zona, por supuesto, aprovechando ese hecho diferenciador que debe ser siempre Doñana, un espacio natural espectacular y único, ya con un futuro garantizado a salvo de amenazas.

Pero tan importante como lo anterior, e imprescindible en ese documento con el que se redacte el acuerdo final entre Gobierno estatal y andaluz, debe estar el definitivo entierro de la sospecha sobre la actividad agrícola en la provincia de Huelva, y muy especialmente sobre el cultivo de los frutos rojos en el entorno de Doñana.

La vigencia del Plan de la Corona Norte aprobado en 2014 no tiene discusión. Incluso se sigue trabajando para reducir su impacto y recortar hectáreas de regadío que alivien la presión actual asumida para los acuíferos. Esa actividad conciliada con el Parque tiene todo el reconocimiento de las autoridades y su garantía para el consumidor con certificaciones independientes fuera de sospecha. Por eso es fundamental que deje de criminalizarse el sector agrícola onubense, motor indiscutible de la economía en Huelva y Andalucía, además, ejemplo de sostenibilidad y eficiencia en materia hídrica y energética en todo el mundo. No merece en ningún caso que se le siga apuntando con un dedo acusador al hilo de este intento de regularización de unas fincas actualmente al margen de la ley que sólo representan una ínfima parte respecto al resto en la provincia de Huelva, completamente legal.

Y quienes traten de manchar esas buenas prácticas con otras de dudosa validez deberán ser también perseguidos y castigados, por el bien de la armonía en el entorno y para validar un acuerdo que debe ser ya ejemplo de que otra política es posible en estos tiempos de peligrosa crispación nacional.

Este Acuerdo de Doñana es un pacto a emular y proyectar, como buena primera piedra para construir lo que todos queremos, que es un futuro mejor. Sólo queda insistir en que no se desaproveche la oportunidad y se proporcionen soluciones reales en su contenido.