ES cuestión de escaso tiempo –días, si no horas– que la investidura de Pedro Sánchez obtenga los apoyos necesarios para que sea reelegido con mayoría absoluta presidente del Gobierno. Apenas falta finiquitar que cuenta con los siete votos de Junts, que son los cruciales, para que sea una realidad. Por el camino ha cedido en todo lo que a primeros de septiembre exigió el prófugo Carles Puigdemont: habrá amnistía total, admitiendo que el Estado fue injusto y represor con los delincuentes que se saltaron la legalidad y el orden constitucional; un verificador internacional, y se abrirá la puerta para que se ejerza el falso derecho a la autodeterminación. Total, ya no hay ningún delito que proteja a España de otro intento golpista. A cambio, no ha obtenido nada de los independentistas prófugos, ni siquiera la renuncia a la unilateralidad (ERC ya renegó de ella tras la aplicación del artículo 155).
La concesión de una amnistía a cambio de los votos necesarios para conservar el poder después de haber perdido las elecciones es una perversión democrática que no tiene precedentes, no sólo en España, tampoco en al mundo desarrollado.
Sánchez llegó al poder con una moción de censura que reunió a los partidos que conforman la mayoría en la que se ha sostenido bajo el argumento de acabar con la corrupción. Cinco años después, con el PSOE lejos de ser el partido mayoritario que fue, renovará el mandato borrando la malversación que cometieron todos los que usaron dinero público para financiar un acto tan ilegal como el referéndum del 1-O. No hay nada más corrupto, salvo el propio acto de comprar votos a costa de eliminar el principio constitucional de igualdad ante la ley a cambio de conservar el poder, con la seguridad de que, si lo perdiese, sería desalojado también de la dirección del partido y no sólo del Gobierno.
Esta perversión democrática, admitida sin rubor ante el Comité Federal, deja la certeza de que Sánchez retorcerá la legalidad cuanto sea necesario para seguir en el poder: no hay más principio que evitar que gobiernen los adversarios y todo vale. Y lo más grave es que gran parte de la izquierda española le compra el crecepelo, aun cuando detrás sólo hay mentiras: no traerá a Puigdemont para que rinda cuentas ante la Justicia, sino que impedirá, en una invasión de poderes intolerable, que sea juzgado; no se hace por el bien de España ni por la concordia, sino por el interés propio de seguir gobernando.
Es la evolución de su asalto a los demás poderes del Estado, con silencio cómplice de la CE, y en la que también tiene gran responsabilidad una derecha bisoña –Vox es su máximo aliado y el PP un torpe espectador– incapaz de contraponer a esta perversión democrática principios y firmeza antes del 23-J.
