La diarrea promisoria que le ha entrado a Pedro Sánchez (hoy te prometo más que ayer, pero menos que mañana) y su agobiante apropiación personal de la campaña electoral socialista, pretende arropar a los candidatos municipales y autonómicos bajo el manto benéfico de la mejora económica y el escudo social inspirados por la Moncloa.

Es una estrategia arriesgada. Por las contraindicaciones. La primera es su propia obviedad: a las promesas electorales que se suceden un día sí y otro también -en los mítines de Pedro Sánchez se comunica a los ministros lo que han de aprobar el martes siguiente- se les nota demasiado que son eso, promesas que se hacen porque hay unas elecciones que, además, no son las que corresponde cumplir a quienes van a ser elegidos (alcaldes, concejales, gobernantes regionales), sino a los futuros electos en las generales. Poco poder decisorio tienen los alcaldes sobre el problema de la vivienda, y nada sobre el de la sequía.

El segundo peligro tiene que ver con la personalidad del prometedor. Ha mentido tanto y ha cambiado de opinión y de actitud con tanto desahogo y frivolidad que su credibilidad anda por los suelos para muchos españoles, aunque es absoluta para una amplia minoría incondicional. Quizás por eso muchos candidatos socialistas se afanan en enfocar la campaña hacia los problemas del ámbito que se somete a votación y buscan que Sánchez no los apoye. En vano, porque el presidente está consiguiendo que estas elecciones sean de verdad la primera vuelta de las generales. Vende sólo su propia candidatura.

Luego está el olor a improvisación que tiene todo, un reflejo de su naturaleza electoralista. Hasta tres veces ha ido aumentando la apuesta sobre el número de viviendas sociales que piensa construir -ya va por 185.000-, sin tener en cuenta las competencias de ayuntamientos y autonomías, ni los años que se tardará en ponerlas en marcha ni el hecho de que avalar hipotecas con el ICO va en contra de las directrices de la flamante Ley de Vivienda de promover el alquiler, no la compra (Podemos se lo ha reprochado, con razón). Da igual, lo que importa es prometer después de cuatro años sin hacer nada.

Por último, todo este despliegue de promesas electorales ¿cómo se paga? Los ingresos fiscales se han ralentizado, el Banco de España avisa de que en 2025 habrá que ajustar el sistema de pensiones y la Autoridad Fiscal alerta sobre la deuda. La diarrea promisoria peca de cortoplacismo.