Casi dos mil personas se han presentado en Huelva a las pruebas que pueden convertirles en funcionarios de carrera del Cuerpo Docente de Secundaria. Un elevado porcentaje ha superado la primera de ellas y andará estos días inmerso en la segunda, la práctica. En esta convocatoria, parecen más generalizadas las protestas a nivel nacional: Que si se interpreta indebidamente la ley sobre las plazas por discapacidad, que si ha habido ejercicios mal redactados o con errores de impresión, que si hay voluntad de dejar plazas desiertas… Todas ellas difundidas, sin pudor, por las redes sociales. Algunas justificadas, otras tratando de explicar un fracaso. Algo previsible en un sistema de acceso como el actual, que hace aguas por varios ángulos.

En los debates y variadas interpretaciones que acompañan a cada una de estas convocatorias, hay un asunto de fondo, germen de la problemática: ¿Qué tipo de docente se busca a través de este concurso-oposición? Respuesta que viene condicionada por ¿Qué formación es la que necesitan los actuales adolescentes? Porque solamente teniendo claro qué saberes requiere el alumnado para desarrollarse personal y socialmente en la sociedad actual, se podrá racionalizar qué modo de selección sería el idóneo.

En esta era de tan fácil acceso a la información, basar una prueba en la capacidad memorística es tan absurdo como incoherente. Posibilita que algunos, que se quedan fuera, estén más capacitados para la docencia que muchos de los que acceden (parte de los cuales, cuando cursó su carrera, jamás pensó en dedicarse a la docencia). Incomprensiblemente, este sistema de acceso, con adaptaciones incorporadas en función del gobernante de turno, es el vigente desde que la Ley Moyano, en el siglo XIX, la instauró. Salvo la excepción del gobierno republicano que valoró la aptitud y la vocación (como hace hoy Finlandia con los que eligen dedicarse a la docencia), no se conocen otros medios en España de acceder al funcionariado docente.

A ningún gobierno, de los conocidos, parece preocuparle si la persona que aprueba el concurso-oposición tiene las dotes precisas para desarrollar su labor, pero tampoco muestra un especial interés en formarla para ello. Enseñar no es un oficio cualquiera y, seguramente, uno de los de más difícil desempeño, en el que las competencias del docente les serán más útiles que sus conocimientos. Urge hacer algo, porque este país se la juega en función de los docentes que desarrollen su sistema educativo.

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