EL proceso independentista de Cataluña ha tenido el dudoso honor de convertirse en el más grave problema político español, afectando a la convivencia de la nación, a la vez que ha afectado profundamente a la relación entre las instituciones básicas españolas y catalanas. Hasta tal punto es así que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat, Artur Mas, han dejado durante meses de comunicarse e incluso han rehuido expresamente el contacto directo cuando las circunstancias lo hacían previsible y obligado. La ruptura ha sido total desde el momento en que Mas fijó por su cuenta la fecha del pretendido referéndum de autodeterminación catalana, e incluso las preguntas a formular a los ciudadanos, y el Congreso de los Diputados rechazó, por una amplísima mayoría, que la Generalitat pudiera convocar legalmente dicha consulta. Últimamente, además, ambos mandatarios han rozado el ridículo al atribuirse mutuamente la responsabilidad de no mantener ninguna entrevista y negarse al diálogo y la negociación y emplazarse uno al otro a dar el primer paso para llegar al encuentro. Al final, la propia gravedad del conflicto catalán, la proximidad de la fecha dictada por Mas para la presunta consulta y las presiones de sectores económicos y sociales alarmados justamente por el enconamiento del litigio, han impuesto sus razones y Mas y Rajoy han mantenido una conversación telefónica, cordial según ambos, y encargado a sus respectivos equipos la organización de una reunión, presumiblemente próxima, de los dos presidentes. Siendo conscientes de las dificultades que se dan para que de esta reunión salga un acuerdo viable que desatasque el problema que los enfrenta, dadas las posiciones previas que Gobierno y Generalitat mantienen con firmeza, hay que saludar favorablemente el acercamiento que ayer se produjo. La situación sigue siendo endiabladamente complicada, pero al menos van a hablar e intentar encontrar una salida. Sobre la base de que la postura del Gobierno se atiene a la defensa inequívoca de la legalidad constitucional y democrática, y así debe seguir siendo, y que la consulta que patrocina Artur Mas no puede celebrarse por ser precisamente ilegal, los dos gobernantes están emplazados a buscar una solución airosa al conflicto. Sin merma de la ley, Rajoy y Mas tienen que mostrar grandeza, inteligencia, responsabilidad y sentido de Estado a fin de ofrecer a los catalanes y a los españoles una salida pactada. Asuntos como la reforma constitucional, el encaje de Cataluña en España y la singularidad catalana están encima de la mesa. Pronto podremos saber si los dos representantes del Estado están a la altura.