Ley autoridad profesor

LA Comunidad de Madrid ha aprobado por fin la Ley de Autoridad del Profesor (curioso nombre, ahora que se extiende el uso de la palabra profesorado para que designe a ellos y ellas). Pretende esta ley reforzar la autoridad del profesor (y de la profesora, se supone) a fin de garantizar el derecho individual a la educación, mejorar la convivencia y aumentar la calidad educativa. De esta forma, la Asamblea de Madrid, utilizando la legislación como instrumento, da forma a su idea sobre las relaciones profesorado-alumnado y acerca de la educación en general. Intenta, mediante lo articulado, restablecer el buen clima escolar (perdido, desde su punto de vista y en un alarde de generalización).

Desconozco las reacciones ante el contenido de la ley, pero este tipo de discurso suele gozar de una buena acogida social y profesional, paradójica y mayormente, entre quienes se oponen a la educación cívica y ciudadana en las escuelas. Por mi parte, dudo que el ambiente de los centros escolares esté tan degradado como se quiere hacer ver (al menos eso dicen los informes) y pienso que habría que dedicarle una mayor reflexión al hecho de conceder veracidad siempre a los hechos que el profesorado confirme. Pero, sobre todo, no creo en absoluto que la buena convivencia pueda conseguirse por decreto. El clima del aula más que planificarse, regularse, prohibirse o castigarse, tiene que construirse. El ambiente escolar es responsabilidad del profesorado y del alumnado, pero no sólo de ellos, como parece desprenderse de la lectura de esta ley, sino que también implica a las familias, a sus contextos sociales y a las administraciones. La autoridad, esa que despierta respeto, inspira credibilidad y se reviste de justicia, hay que edificarla y con una buena cimentación que no pueden aportar sólo las leyes. Qué ingenuidad pensar que una ley pueda conseguir que se gane, ejerza y aplique la autoridad con criterios justos para todos. Ésta hay que ganársela en el día a día, escuchando, comprendiendo y aplicando los reglamentos de los centros (esos que permiten expulsar a una niña porque lleva un pañuelo) o simplemente aprovechando la ley vigente que para eso está (LOE, art. 104).

De todas formas y tal como está el patio, si algunos sectores educativos de esa comunidad madrileña no compartiesen la ley, es de suponer que será un detalle sin importancia. Simplemente, que hagan como los populares navarros o murcianos con la ley del aborto, que no la acaten o amenacen con ello. Buen ejemplo están dando a la población algunos responsables políticos, aunque ganen las encuestas electorales. Que no se está de acuerdo con esta ley, no pasa nada, no se cumple. O mejor, no hay problema, se hace otra que se ajuste mejor a mis ideas. Qué bien.