El pasado diciembre de 2021 el partido Por Un Mundo Más Justo promovió una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que el Parlamento estudiará la regularización extraordinaria de las 500.000 personas que se estima viven en España en una situación administrativa irregular. En el año 2022 se constituyó la plataforma Esenciales, conformada por hasta 800 ONG aglutinadas en plataformas, fundaciones y colectivos, incluyendo a la propia Iglesia Católica, la cual consiguió una movilización sin precedentes en todo el territorio español para explicar los daños personales y sociales que provoca la situación de irregularidad de migrantes trabajadores, los beneficios que este proceso extraordinario tendrían para todos, y consiguió la inmejorable cifra de más de 700,000 firmas válidas de apoyo a la iniciativa. En primera instancia y en la Cámara Baja, el pasado 12 de marzo y tras una tortuosa tramitación, la propuesta contó con el apoyo de ERC, Bildu, BNG, PNV y Sumar, y con el rechazo de PP , Vox y PSOE. Ayer, tras tres años de trabajo, por fin llegó el primer SÍ, el Pleno del Congreso de los Diputados, con el único voto en contra de VOX, ha dicho que adelante con la tramitación ¡¡¡ Bravo!!!

A todos nos consta que el apoyo “in extremis” de PSOE y PP no es un sí definitivo, solo otro paso más, porque el procedimiento puede estar plagado de enmiendas y zancadillas, pero permite algo que los promotores exigían, ¡al menos hablemos de la cuestión! He de confesar que este artículo lo he tenido que cambiar sobre la marcha, escuchando la sesión del Pleno del Congreso de ayer por la tarde, porque todos temíamos una respuesta negativa, un nuevo NO que impidiera a nuestros vecinos y vecinas obtener sus derechos de ciudadanía. Pero no me satisface nada más que admitir mi error, soñar que, en algún momento y no muy tarde, a esos que no tienen un documento que les permita trabajar en paz y que están condenados a la explotación laboral, la desprotección legal y a la exclusión, serán ciudadanos de primera. Hasta ahora solo hemos conocido las mismas políticas: bloquear fronteras, mantener las bolsas de pobreza a través de la indocumentación y jugar en los límites del delito para devolver gente al desierto. Políticas de miedo, pero ¿habrá llegado la hora de la política de la esperanza? #ILPREGULARIZACION no es una petición caritativa, sino una exigencia de justicia social. Sigamos soñando.