Cualquier español formado e informado, el ciudadano más libre y responsable, sabe perfectamente que el actual gobierno se sostiene con el apoyo de Podemos, los filoetarras de Bildu y los nacionalistas y separatistas catalanes pero también con un extremado intervencionismo gubernamental en las más altas instituciones y organismos oficiales, la Fiscalía General, la Abogacía del Estado, el Consejo de Estado y otras administraciones estatales, consiguiendo en los últimos tiempos una buena parte del poder judicial con sus progresos en el Tribunal Constitucional y por supuesto en determinados medios informativos, en los que los habituales corifeos del partido gobernante y nostálgicos de su gobernanza en otras comunidades, como bien comprobamos en nuestras páginas en muchos de sus artículos, tratan de desmentir o miran para otro lado cuando se les recuerdan todas estas graves circunstancias que evidencian un poder autocrático inadmisible en una auténtica democracia y unos pactos que contrarían el orden constitucional y el compromiso democrático acordado en su día por la inmensa mayoría de los españoles.

Estas protervas alianzas - pródigas en diferencias y divisiones - que sostienen a duras penas el gobierno de coalición, constituyen para el ciudadano que mencionábamos al principio, una flagrante deslealtad con ese orden constitucional al que siempre fue fiel su partido y que había garantizado hasta la llegada de Sánchez al poder. Los últimos acontecimientos que han conculcado ciertas leyes penales para legalizar actitudes inequívocamente anticonstitucionales, para contribuir a la convivencia territorial - o la armonización con Europa (lo cual es incierto) -, según el presidente, y así asegurarse su apoyo en la jefatura del gobierno, es lógico que hayan provocado todas las alarmas cuando gran parte de los ciudadanos contemplan con lógica inquietud como se derrumban los principios que han defendido nada menos que 45 años.

El panorama que nos depararon el mismo día los lamentables sucesos de la Complutense, el pleno del Congreso, plagado de discursos engañosos, los sucesos de Algeciras y los silencios de Interior, denotan el estado de degradación de nuestra actual democracia hasta el punto de que un considerable número de españoles no pueda evitar un sentimiento de frustración, desasosiego e inquietud. A nadie pueden sorprender las declaraciones de Felipe González y Alfonso Guerra, éste pidiendo "responsabilidades", y el manifiesto firmado por exministros del PSOE y PP, prestigiosos analistas políticos y destacados periodistas e ilustres personalidades del ámbito del conocimiento y la cultura, dirigido "A la sociedad española ante el desafío constitucional". urgiendo que la sociedad civil en su mayoría exija una solución al proceso de reconstrucción que debe liderar la clase política porque "una sociedad en crisis y alejada de sus instituciones" es un "peligroso caldo de cultivo para populistas y extremistas de todo signo".