Seguramente escribir sobre la fresa es una manera como otra cualquiera de complicarse la vida. Pero en esta columna tenemos cierta tendencia a complicarnos la vida, así que vamos allá. Las amenazas del mercado alemán de dejar de comprar fresas ha desatado una batalla política y mediática que no es nueva: en anteriores ocasiones nuestro cultivo estrella ha protagonizado titulares en la prensa internacional, ya sea por la mano de obra empleada en las diferentes campañas, ya sea por su sostenibilidad ambiental, como es el caso actual.

El sector tiene en sus virtudes sus principales problemas. Es un sector muy grande, que en las últimas décadas ha multiplicado sus cifras de producción hasta las 280.000 toneladas, y las más de 60.000 personas contratadas por campaña. Ese volumen, propio de la agroindustria, ha generado problemas que el sector no he tenido capacidad de atajar, precisamente por su volumen Y esos problemas debilitan la imagen de la fruta, algo que es fundamental para sostener las ventas, máxime en un contexto de consumidores cada vez más preocupados por las garantías sociales y ambientales de la comida que lleva a su mesa.

Las condiciones laborales de una parte de los trabajadores de la fresa ha sido uno de esos problemas. Y ahora también la sostenibilidad ambiental de los cultivos, sobre todo de aquellos que rodean el Parque Nacional de Doñana. Creo que nadie duda que el sector ha hecho grandes esfuerzos por ir solventando esos problemas, y de hecho hay avances significativos en la forma de plantar y regar, así como en las condiciones laborales de los trabajadores. Pero cualquiera que se pase por Huelva podrá ver con sus propios ojos que sigue habiendo asentamientos chabolistas alrededor de los cultivos, así como roturaciones de bosque y pozos ilegales. Posiblemente no sean la generalidad, pero existen.

Sin embargo el sector de la fresa tiene la costumbre de matar al mensajero. Y niega cualquier irregularidad en un negocio que, inevitablemente, tiene zonas ciegas, agricultores que maltratan el agua, que pinchan pozos ilegales y que racanean derechos laborales a sus empleados. Pero cuando alguna entidad señala esas irregularidades se pretende cortar el dedo en vez de atender la denuncia y resolver la irregularidad.

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