Perdonen que no recuerde el título de la película. La mayoría de sus secuencias se desarrollan en una sala de juicios. En el frontispicio de la mesa del juez se puede leer: Fiat Iustitia, et pereat mundus: esto es: Hágase justicia aunque perezca el mundo. La frase se atribuye a Fernando I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y fue lema de su vida y reinado. Hay quien se remonta al político y militar romano, Lucio Calpurnio Pisón, siglo I antes de Cristo y al cónsul Cneo Calpurnio Pisón, 7 a. C,, quienes suscribían: Fiat iustitia ruat caelum, "Hágase justicia aunque se caigan los cielos" y quien opta por una referencia más cercana en el tiempo, Communes, de Jacobus Manlius (1563), quien prescribía tomar una decisión justa a cualquier precio en términos de sus consecuencias expeditivas.

Ahora, que vivimos en la tensión que, como de costumbre en España, provoca la renovación del Poder Judicial, uno invocaría, en actitudes serenas y coherentes, que ante un gobierno, coaligado por un partido, que no duda en auspiciar la fragmentación de España, derrocar la Constitución, destituir a su máxima autoridad real, apoyar las pretensiones de nacionalismos que inspiran esa autodeterminación radical y derruir el sistema que nos rige con resultados muy positivos hasta ahora. Cualquier ciudadano sensato, demandaría un cumplimiento, al menos y sobre todo, de lo que dicta la Constitución y el cumplimiento exacto de la separación de poderes.

El gobierno, que domina los poderes ejecutivos y legislativos, ahora, impulsado por sus socios de gobierno y los partidos separatistas y filoetarras, pretende apoderarse del poder judicial, prometiendo indultos y cambios en la ley sobre delitos de sedición o rebelión, entre otras pretensiones claramente inconstitucionales. En su obsesión intervencionista, en su obstinada injerencia, en su ambición de patrimonializarlo todo, el gobierno, empeñado en limitar las atribuciones del Consejo General del Poder Judicial, ha conmocionado el ámbito jurídico, denunciando éste el "evidente manejo", que desde la política se está haciendo de un poder del Estado.

Eso se desprende de las declaraciones de los vocales del Consejo que mostraban sus dudas al recordar que hay materias atribuidas al CGPJ por la Constitución, entre ellas los nombramientos, que no dependen de la Ley Orgánica del Poder Judicial como la que se pretende reformar. Uno de los vocales consultados declaraba "no conozco ningún apartado que diga que el Consejo deba ser destituido de alguna de sus funciones", afirmando otro que "tratar de establecer limitaciones" al CGPJ en pleno bloqueo político para su renovación "tiene todos los argumentos en contra que ha puesto encima de la mesa el Grupo de Estados Contra la Corrupción" de Europa. Lo cual supone, según ellos, un "insulto" a su independencia. Una intromisión que nos lleva al totalitarismo y nos aleja de la autentica democracia y el Estado de Derecho.