El 13 de enero, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género confirmó la 4ª víctima mortal por violencia de género en el inicio de año. Los cuatro crímenes se han cometido en menos de una semana: entre el 8 y el 13 de enero en Tenerife, Cádiz, Ciudad Real y Málaga. La víctima de Ciudad Real tenía 24 años; las otras tres, todas 46. 2022 había acabdo con 49 mujeres asesinadas por la violencia machista, con un diciembre negro con al menos 11 muertas, y 2023 ha comenzado con la misma tendencia.

Estas muertes no son casuales. Obedecen a una cultura machista que se va acentuando, a la par que los discursos fascistas , machistas, y homófobos inundan las redes. La ultraderecha se niega a condenar el terrorismo machista, que considera a la mujer una bestia de carga que se puede apalear, maltratar, asesinar... Cuando se niega la violencia machista, cuando se dice públicamente, como ha dicho en estos días un miembro del PP de la Diputación de Huelva, que el aborto es una asesinato y las mujeres que ejercen este derecho son asesinas, se está colaborando a este aumento del machismo en nuestros ambientes.

Hemos de alzar la voz y denunciar las prácticas políticas que alimentan el odio contra las mujeres, las conversaciones machistas de los bares, los chistes impúdicos que inciden en la mujer como objeto sexual, como objeto del dominio del macho ibérico. También urge revisar las políticas públicas y su aplicación. De los cuatro presuntos agresores de este inicio de 2023, dos contaban con denuncias previas y otros dos, no.

El Ministerio del Interior ha puesto sobre la mesa la posibilidad de alertar a las mujeres de los antecedentes de sus parejas en el momento de presentar una denuncia en comisaría. La medida es positiva, pero no basta. No resuelve el problema: por un lado, la víctima debe acudir a denunciar, algo que ha pasado en la mitad de las veces que hay un crimen machista; y, después, alerta únicamente contra maltratadores que ya han actuado y han sido denunciados por sus víctimas.

Hace falta una mayor y mejor coordinación entre las fuerzas de seguridad, los juzgados, los servicios sociales y las comunidades, así como más recursos humanos y materiales para abordar el problema. Hace falta mejorar nuestra percepción de las víctimas para alertar, denunciar, apoyar y aislar las voces que justifican este terrorismo hasta que queden reducidas al absurdo, hasta enterrarlas en las catacumbas de las que nunca debieron salir.