Las hay para todos los gustos: con sufragio censitario, capacitario o universal (incluidas las que del universo expulsaron durante décadas a las mujeres), directas o indirectas, generales o parciales, uninominales o plurinominales, con listas abiertas o cerradas, de mayoría simple o absoluta, igualando el voto y las candidaturas o dejando reserva a las minorías… Desde que nacieron los gobiernos representativos, se decidió que las elecciones eran la mejor forma de determinar quiénes iban a ejercer el poder. Las hay locales, autonómicas, nacionales y europeas. En el pasado, España también las tuvo provinciales. No hay poder que no nazca de ellas, aunque lo haga indirectamente, y cada cierto tiempo la ciudadanía es convocada ante las urnas para que exprese el más contundente y efímero de sus derechos –Rousseau dixit–, que es el de la soberanía. Nunca dejan contento a casi nadie, si bien se congratulan de su funcionamiento los que ganan, y muy pocos se rasgan las vestiduras ante una altísima abstención que se compadece bien poco con esa expresión tan al uso de “España ha decidido”. Como si esta España vapuleada de la que todos quieren apropiarse fuera una señora con voz individual y pensamiento monolítico a la que podemos preguntarle para que nos dé una única respuesta.Ninguna fórmula es perfecta. Desde finales del siglo XVIII, la matemática electoral se ha afanado en encontrar la mejor manera posible de traducir la opinión en un resultado electoral y, lamentablemente, no se ha encontrado ningún mecanismo que solucione a la vez todos los problemas. Incluso por encima de las leyes electorales están las culturas políticas que dirigen las conductas, las intenciones y las percepciones. Como si se tratara de un frágil mecanismo de precisión, cada cosa que tocamos en la normativa electoral puede conducir a un efecto perverso: la lista abierta mercantiliza las candidaturas, la supresión de la Ley d’Hondt atomiza el sistema de partidos, generar elecciones presidenciales expone a la cohabitación… En este tiempo descabellado y polarizado, algunos líderes aprovechan para cuestionar los procesos electorales incluso antes de que estos se hayan desarrollado y no digamos ya cuando los pierden.Ningún sistema electoral, por muchas veces que repitiéramos la votación, puede evitar que un partido incumpla sus promesas o que incluya en su acción de gobierno algo imprevisto o que no derogue lo que prometió derogar o que pacte con quien dijo que no iba a pactar. El mandato democrático no es imperativo, sino delegativo, y eso condiciona el resto de las reglas del juego. Si no nos gustan, cambiémoslas, pero no incitemos a su incumplimiento resquebrajando los cimientos del sistema democrático. Si no nos gustan los pactos a posteriori, reformemos la ley electoral y regulemos una segunda vuelta en la que cada opción política, de forma transparente, defina sus alianzas. Tampoco será perfecto, pero, al menos, dejaremos de maltratar nuestra ya debilitada democracia.