Ayer se aprobó en el Parlamento de Andalucía una proposición de ley apoyada por el PP y VOX, que pretende normalizar los pozos ilegales existentes en el entorno de Doñana, concretamente en terrenos de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, que, de esta forma, inicia así un trámite parlamentario que no llegará a lado alguno, venga a decirlo Agamenón o su porquero. Objetivo de ambos partidos, que se continúe regando casi un millar de hectáreas puestas en producción de manera fraudulenta: fuera de la ley.

Y quiero empezar diciendo, que el PP y VOX, apoyando las tesis del lobby agrícola que se ha creado al efecto, están engañando a sabiendas a los agricultores y a la ciudadanía de Huelva, de Andalucía, de España, de Europa y del mundo. O eso pretenden. Pero, no les va a caer esa breva. No.

No sé cómo explicarles a mentes tan cerriles como las del citado lobby y a los líderes del PP y de VOX, que las leyes están para cumplirlas. Y diré más, tanto dichos políticos como los agricultores integrados en ese grupo de presión, son conscientes de ello. Y a pesar de todo, lo intentan los muy osados. Y me avergüenza enormemente, que el PP al menos, porque de VOX espero cualquier barrabasada, se haya metido en este charco, nunca mejor dicho, porque se supone que es un partido de Estado y de Gobierno. Y sus dirigentes saben, que si la tal cuestión fuera aprobada sería recurrida de forma automática por el ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, además de chocar de lleno con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que está pendiente de cumplimiento, y ya Florika Fink-Hoojer, directora general de Medio Ambiente de dicho organismo, ha manifestado que si la Junta de Andalucía sigue por esas veredas, habrá sanciones económicas, y añado yo, que también tendrá consecuencias políticas por el incumplimientos de la legislación europea.

Borja Sémper, ese político un poco friki que ha contratado Feijóo hace unos meses, tildó ayer de "desmesurada" la polémica sobre la regulación de los regadíos en Doñana. Y yo, que soy del terreno, le digo a Sémper que miente, que Doñana le importa al PP una higa, ya puedan decir el consejero del ramo y hasta el propio presidente Juanma Moreno, lo que estimen pertinente. Los pozos ilegales hay que cerrarlos. Punto. Y el Gobierno de la nación, que es de quien depende la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ya está tardando demasiado.