Cada día es más evidente, clamoroso e indigno, el deterioro político de nuestro país. Un escandaloso menoscabo que en distintos órdenes de la administración carcome, lenta e implacablemente, el estado democrático logrado con tanto esfuerzo y tras tantos años de sufrimientos, renuncias, amargura y costosa reconciliación. Resultan ya innumerables los acontecimientos que han ido horadando nuestra convivencia democrática, nuestra estabilidad como Estado de Derecho y nuestras imprescindibles libertades. Es cierto que no se había logrado ni una completa separación de poderes ni unas elecciones absolutamente libres de listas abiertas, pero se mantenían unos ciertos contrapesos que a duras penas conseguían un cierto equilibrio legal. Pero en los últimos años, los de esta ya agonizante legislatura, el actual gobierno en minoría, por mantenerse en el poder ha accedido a ignominiosas concesiones, bochornosos acuerdos y contravenciones legales inconcebibles.

Disponer de un Código Penal a la carta, al servicio y beneficio de quienes burlan y derriban la ley y la constitución porque apoyan y sostienen tu gobernación, única manera de conseguirlo y mantenerlo, está en contra de un auténtico Estado de Derecho. La ilegalidad es insostenible y así la Comisión Europea pretende que las infracciones referidas a malversación, tráfico de influencias y cohecho sean castigadas con penas de cárcel de una duración máxima de al menos cinco años. Más de lo que fueron sancionados los golpistas del nacionalismo catalán. Como en su día advirtieron la oposición y los expertos juristas esta disposición obligará a incrementar las penas y homologarlas, ¡ahora sí!, al resto de los países europeos para unificar sus criterios y principios legales.

Las ideologías a veces producen monstruos e ideologizar las leyes provoca disparates como los que hemos sufrido y sufrimos. Y es que a la política, el medio de contribuir al bienestar de los ciudadanos, a menudo llegan incompetentes, sectarios y maniobreros de un falso progresismo que prostituyen y corroen la democracia en su beneficio. Y muchos, sirviéndose del cargo, se exceden en sus actuaciones con provocaciones intolerables. Tengamos los casos del ministro Bolaños en los actos del pasado día 2 en Madrid o las continuas vulneraciones e incumplimientos abusivos de la neutralidad institucional durante las ruedas de prensa tras el Consejo de Ministros por parte de la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, por las que ha sido expedientada por la Junta Electoral Central. Lamentables incidentes que agudizan el deterioro de nuestra democracia.

Sobre evidentes deterioros, a pocos días de las elecciones municipales, sabemos mucho en Huelva. Han pasado los años y la ciudad, si exceptuamos el puerto, ha cronificado sus carencias, su atonía urbanística y emprendedora, su indolencia innovadora, sus frustraciones endémicas, su renuncia a pensar por sí misma y que piensen por ella los otros con su reiterada incompetencia.

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