Ala espera de los recursos que puedan presentar las partes personadas, la sentencia del caso Mari Luz conocida ayer cierra momentáneamente uno de los sucesos más tristes ocurridos en la ciudad de Huelva en los últimos años: el drama de una niña cuya vida acabó a manos de un criminal sin escrúpulos. Santiago del Valle ha sido condenado a 22 años de reclusión por la muerte de Mari Luz Cortés y los abusos a los que sometió a la pequeña, en tanto que sobre su hermana Rosa han recaído 9 años como cómplice del crimen. La sentencia considera demostrada la responsabilidad de ambos en los hechos y fija la condena correspondiente en función a lo establecido en el Código Penal vigente cuando ocurrieron los hechos, pero aunque ningún fallo hubiera resarcido jamás a la familia del enorme daño provocado, queda la sensación de que no hay correspondencia alguna entre los años que los condenados pasarán en la cárcel y el crimen cometido. Si se les aplican los beneficios penitenciarios correspondientes de reducción de condena por estudios o trabajos que desarrollen en la prisión, los hermanos del Valle podrán pasear por la calles en régimen de libertad provisional cuando sólo hayan cumplido la mitad de las condenas fijadas, es decir, a los 11 y 4,4 años, respectivamente. Y hay que felicitarse, porque en circunstancias normales y de no mediar la petición expresa del tribunal, la libertad provisional les hubiera podido ser concedida al cumplir un tercio del periodo fijado para estar en prisión. Dura lex, sed lex. Dura es la ley, aunque es la ley. Y en este caso da la sensación de que lo es más con la víctima y su familia que con los culpables. Si de algo sirvió la muerte de Mari Luz fue para activar el debate sobre los errores en la Administración de Justicia (Del Valle debía estar en prisión en el momento del crimen) y sobre el tratamiento de los delitos sexuales cometidos contra menores. Como consecuencia, en diciembre 2010 se aprobó una amplia reforma del Código Penal que endureció de forma notable las condenas contra dichos delitos, pero en los juzgados españoles siguen pendientes de ejecución miles de sentencias. Hay mucho que corregir aún.