No queda más remedio que decir que menudo papelón es el que ha hecho el Gobierno español a nivel mundial con sus relaciones con Marruecos. No sé qué podrá pasar desde que escribo este artículo hasta que salga publicado, pero lo que procede, en primer lugar, es que la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, dimita o bien que Pedro Sánchez la cese y, en segundo lugar, si Pedro Sánchez no quiere convocar elecciones generales, que, al menos, se someta a una moción de confianza por este caso en concreto, por su gestión con Cataluña y con la pandemia. El episodio del ingreso en un hospital de Logroño del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, está lleno de errores mayúsculos, algunos propios de una mala película de espías, que deja al desnudo irresponsabilidades e inmadurez política. Entre otros, se ha negociado con Argelia su viaje y asistencia posterior a espaldas de Marruecos; se han utilizado con él dos identidades falsas; ha creado problemas que tendrán que ser resueltos por la justicia; ha dado una perversa justificación al rey Mohamed VI para abrir las fronteras y facilitar que miles de personas entraran ilegalmente en Ceuta, sobre todo, y en Melilla, aún a riesgo de vidas, incluso, de niños; ha quedado patente el poco peso de España en el ámbito internacional -Estados Unidos e Israel, por ejemplo, han dado su apoyo a Marruecos-; y ha provocado inseguridades, incertidumbres e indignación fundada a los habitantes de dichas ciudades. Lo sucedido no es una mini crisis, como ha apostillado el desorientado ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, sino una crisis en toda regla con el país vecino que ya veremos si se resolverá antes de que venga la siguiente porque, seguro, tendremos más. Todos sabemos que la monarquía alauí ha convertido en práctica habitual permitir oleadas de inmigrantes irregulares cada vez que quiere presionar a España. Además, con ellas nos recuerda que tiene en sus manos la posibilidad de organizar cuando quiera una nueva Marcha Verde -de hecho, lo que ha ocurrido cumple ese cometido-. Ahora su objetivo es que el gobierno español cambie su posición con respecto al Sahara Occidental, que se alinee con EE. UU. y que acepte su plan autonómico como forma de anexionarse ese territorio. Mientras, los ciudadanos de las ciudades autónomas se sienten, una vez más, desamparados, desesperanzados y hartos, al verse olvidados, percibiendo que no forman parte real de la estrategia de país.