Análisis

Joaquín Aurioles

Cae la recaudación, aumenta el gasto

No están los ánimos para hablar de ello, pero en algún momento habrá que pensar en recomponer el equilibrio fiscal en la economía española, es decir, la relación entre ingresos y gasto público. Ya era delicada la situación previa a la llegada del virus, como indica que 2019 se cerrase con un déficit de 35.195 millones de euros, equivalentes al 2,8% del PIB y 3 décimas superior al de 2018, pero la magnitud del desastre ha conseguido superar las peores previsiones para 2020 y desbordar las del Gobierno en la Actualización del Programa de Estabilidad.

Sus cálculos apuntaban una caída de ingresos de 25.711 millones (un 5%), de los que casi 14.000 corresponderían a la disminución en la recaudación impositiva (también un 5%) y en torno a 10.000 en las cotizaciones sociales (5,75%). Por su parte, los gastos se incrementarían en 54.765 millones por los compromisos de investidura (pensiones y sueldos de funcionarios), gasto sanitario y social (ingreso mínimo vital) y otras ayudas Covid. En total, un agujero de más de 80.000 millones que añadir al heredado del pasado año, que eleva su previsión de déficit para 2020 hasta el 10,3% del PIB.

Para la Airef (y otros organismos) la previsión del Gobierno es excesivamente optimista y estima que el déficit no descenderá del 11,1% del PIB en 2020 (en torno a los 120 mil millones), pero podría llegar el 13,9% (alrededor de 155 mil millones), dependiendo de la intensidad de la crisis sanitaria y de la eventualidad de nuevas restricciones de movilidad y relaciones sociales. Si se tiene en cuenta que en 2019 se recaudaron 277 mil millones en impuestos y 161 mil en cotizaciones a la seguridad social, se pueden comprender las artimañas gubernamentales para intentar resolver el problema con subidas de impuestos y con los menores ajustes posibles en el gasto público.

Todo dependerá, en ultima instancia, de lo que nos presten o nos ayuden, pero ninguna de estas opciones permitirá ocultar, aunque haya resistencia a hablar de ello, la necesidad de corregir el enorme desequilibrio financiero en algún momento y la conveniencia de adaptar el tamaño de nuestros problemas a la capacidad para resolverlo sin la necesidad recurrente de las ayudas externas. Tanto el BCE, que a través del PEPP (programa de compras de emergencia por la pandemia) consiguió abortar el repunte en la prima de riesgo en el mes de marzo, como el conjunto de la Unión Europea intentan dar la talla frente al problema en España e Italia, a pesar de las reticencias de algunos socios. El primero decidió inyectar inicialmente 750.000 millones de euros, que posteriormente amplió en otros 600.000, mientras que la propia Comisión, el Banco Europeo de Inversiones y el Mecanismo de Estabilidad (MEDE) aprobaron ayudas por valor de 1.100 millones, algunos de cuyos detalles todavía están por precisar.

Más ayudas y más endeudamiento, gracias al apoyo europeo, pero también subida de impuestos fundamentada en un más que discutible e indefinido concepto de justicia fiscal y en la simplificación excesiva, que intentaremos precisar en una próxima contribución, de que la presión fiscal en España es inferior que en el resto de Europa.

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