El Gobierno aprobó ayer un Real Decreto que desarrolla el nuevo sistema de financiación del cine, a pesar de la petición de los productores de aplazar estas medidas hasta después de las elecciones. Este paso adelante llega tras conocerse la semana pasada que varios juzgados investigan por presunto fraude y falsedad en la transmisión de cifras conseguidas en taquilla a las productoras y distribuidoras de más de 40 películas entre los años 2012 y 2015. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, sostuvo tras el Consejo de Ministros que lo que se pretende es "reducir las cargas administrativas a los ciudadanos", "establecer un sistema de financiación pública de la producción cinematográfica más eficaz y eficiente" y favorecer "algunas medidas de garantía de la unidad del mercado".

Entre las novedades importantes del decreto figuran unos nuevos requisitos para acceder a las subvenciones: en vez de ayudas a la amortización, se concederán de modo anticipado, es decir, no en función de la taquilla como hasta ahora. La norma pretende también "simplificar la intervención administrativa en la cadena de producción, distribución y exhibición". Además, permite el estreno simultáneo de un filme en salas de cine y televisión, y regula qué se considera "obra audiovisual difícil", concepto relevante para determinar el importe máximo de las ayudas a percibir (que englobará las producciones dirigidas por un nuevo realizador con un presupuesto no superior a 300.000 euros).